Oficio: Golpeador

Jesusa Cervantes / Proceso

MEXICO, DF, 15 DE FEBRERO /Apenas hizo su diagnóstico sombrío para México Carlos Slim –en contraste con la visión optimista del gobierno de Felipe Calderón–, Javier Lozano Alarcón se erigió en el principal defensor de la administración panista y puso en marcha una errática operación en medios en un intento de descalificar al segundo hombre más rico del mundo.

El lunes 9, luego de asegurar en el foro México ante la crisis. ¿Qué hacer para crecer? que se avecina la caída del PIB, que la tasa de desempleo se incrementará y atisbar incluso la mortandad empresarial, Slim abandonó el palacio legislativo de San Lázaro.

De inmediato, el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) se enlazó con el encargado de Comunicación Social de la Presidencia, Max Cortázar, para darle un reporte pormenorizado sobre el discurso “catastrófico” del dueño del Grupo Carso.

Su estrategia, encaminada a descalificar al empresario, incluyó los noticiarios radiofónicos vespertinos de ese día, a los que habló el propio Lozano. Lo mismo hizo el presidente Felipe Calderón, quien pidió a Bernardo Gómez, funcionario de Televisa, el mismo lunes 9, un espacio en el noticiario matutino del martes 10 para que su colaborador se lanzara de nuevo contra Slim.

El otrora priista, quien perdió en el 2000 una contienda electoral que le impidió llegar a San Lázaro y meses después engrosó las filas del PAN, ejerció de manera oficiosa la defensa de su actual jefe, “el presidente del empleo”, como el propio Calderón se autoproclamó.

El “porro”

En septiembre de 2007, cuando el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, anunció la creación de un seguro de desempleo, Lozano lo descalificó públicamente.

“El anuncio de Ebrard es como el Desierto de los Leones: ni es desierto ni tampoco hay leones”, declaró Lozano.

Un par de meses después, cuando Tabasco quedó afectado por las inundaciones y comenzó a recibir ayuda de varios gobiernos, incluido en de la Ciudad de México, el secretario del Trabajo tachó a Ebrard de “ruin y mezquino” porque, dijo, estaba distribuyendo ayuda con criterios partidistas.

En respuesta, Ebrard lo describió como “un porro”. Dijo, además: “Ese señor (Lozano) tiene un jefe y ese jefe lo mandó; y lo mandó a decir lo que él no puede decir”.

En 1994, cuando aún era priista, Lozano llegó a decir que sería Presidente de la República. En esa época estaba al frente de la Dirección de Normatividad y Desarrollo Administrativo de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda.

Desde esa posición conoció cómo se manejaban los recursos de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, creados en 1993 por Francisco Gil Díaz para los pagos por derechos de trámite aduanero.

Dichos fideicomisos dejaron de entregar a la Tesorería de la Federación, hasta 2005, 10 mil millones de pesos bajo el argumento de que se trataba de un fideicomiso privado. En el oficio D.G. 308-A, dirigido a la subprocuradora fiscal de la Federación de Legislación y Consulta, María del Carmen Compaña, el 5 de agosto de 2004, Lozano indicó:

“… por virtud de la naturaleza de las aportaciones que como contraprestación pagarán las personas que realicen las operaciones aduaneras a quienes presten los servicios… la constitución, fondos, operación y manejo del fideicomiso en cuestión no están sujetas a la normatividad aplicable para las entidades públicas”.

Y en 1998, como presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), se vio inmerso en un caso que terminó beneficiando a la empresa Unefon, propiedad de Ricardo Salinas Pliego.

Era el mes de mayo cuando el también dueño de TV Azteca ganó 18 títulos de concesión que le permitían brindar el servicio de telefonía inalámbrica. Según las bases de licitación, el ganador tenía que pagar el 20% en el acto y contaba con un plazo de 90 días hábiles para liquidar el 80% restante. Todo ello tenía un valor de 3 mil millones de pesos. Salinas Pliego cumplió con el primer pago del 20%, pero alegó ante Cofetel que no podía realizar el segundo, solicitó incluso una prórroga a Lozano, quien se la otorgó el 29 de septiembre de 1998, según el acuerdo P/290998/0218.

La prórroga fue de 180 días a cambio del pago de intereses. Se estableció que si Salinas Pliego no liquidaba el 80% restante más los intereses acumulados se le descalificaría como ganador de la licitación.

Unefon no cumplió con la prórroga, por lo que solicitó una nueva. Y el presidente de la Cofetel volvió a otorgársela, según se establece en la resolución 1.142 del 29 de marzo de 1999.

Además, alegó el funcionario, “el método utilizado para la licitación no permite en caso de descalificación de algún participante ganador, que otro participante obtenga la asignación directa de las frecuencias respectivas y por lo tanto, de no autorizarse un plazo adicional para el cumplimiento de las obligaciones a la empresa, se pondría en riesgo el desarrollo oportuno de programas de inversión que implican para el país la instalación de nuevas líneas”.

Salinas Pliego incumplió con la segunda prórroga y el 6 de septiembre de 1999 su empresa Unefon solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que le informara sobre los fundamentos por los cuales se le exigía el pago del 80% que debía más sus intereses.

La dependencia le notificó que debía sujetarse a la resolución, por lo que el 6 de octubre de 1999 Unefon interpuso un recurso de revisión e impugnó el cobro de los intereses.

La SCT desechó el recurso de Unefon pero se lo notificó cinco días después del plazo que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Esta decisión tardía generó que Unefon promoviera un juicio de nulidad, el cual ganó y en noviembre de 2006 se le regresaron 550 millones de pesos.