Imparable, la militarización de los mandos policíacos
JORGE PéREZ ALBARRáN
MÉXICO, D.F., 20 de febrero (apro).- El teniente coronel, Eusebio Alecio Villatoro Cortez fue designado hoy director de la Policía Estatal Preventiva de Baja California.
Villatoro Cortez se suma así a la lista de militares que actualmente están al frente de las corporaciones policiales en por lo menos nueve entidades del país.
A pesar de las recomendaciones emitidas por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales para regresar a los militares a sus cuarteles y de las denuncias de vejaciones, abusos y asesinatos cometidos contra la población civil, el proceso de militarización de los cuerpos de seguridad estatales sigue en marcha: la expansión del rol de las fuerzas armadas se intensificó cuando Felipe Calderón asumió la Presidencia de la República y decidió echar mano del Ejército para combatir al crimen organizado.
El nombramiento del teniente coronel Villatoro Cortez no es casual: Baja California es uno de los estados que registra el mayor índice de homicidios dolosos en el país, junto con Ciudad Juárez.
De hecho, desde agosto del año pasado, las labores de seguridad pública en Tijuana están a cargo de militares, en este caso del también teniente coronel, Julián Leyzaola Pérez.
En la llamada "guerra contra el crimen organizado", el presidente Calderón sacó a las calles a más de 20 mil militares para combatir la ola de ejecuciones en el país. Esa modalidad ha sido copiada por algunos gobernadores y alcaldes que, ante la corrupción y descomposición de los cuerpos policiales, habilitaron a militares en retiro para garantizar la seguridad y reorganizar a los cuerpos encargados de velar por la ciudadanía.
Actualmente, militares de alto rango, retirados y en activo, encabezan las labores de seguridad pública en Aguascalientes, Coahuila, Baja California, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.
En Aguascalientes, el general de División Diplomado de Estado Mayor, Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del estado desde el 6 de octubre del año pasado.
Un caso singular es el del estado de Tabasco, que, en menos de tres años, tuvo a tres generales de División al frente de la Secretaría de Seguridad Pública: Francisco Fernández Solís, Alberto Espinosa Ramírez y Héctor Sánchez Gutiérrez.
En marzo de 2007, el general Fernández Solís fue víctima de un atentado, presuntamente perpetrado por miembros de la misma SSP del estado, encabezados por Juan Cano Torres, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Manuel Andrade, líder de un grupo denominado "La Hermandad".
Otros generales que encabezan secretarías de Seguridad Pública estatales son: Juan Heriberto Salinas, en Guerrero; Mario Ayón Rodríguez, en Puebla; y Juan Manuel Orozco Méndez, en Veracruz.
En tanto, en Tlaxaca, el expresidente del Supremo Tribunal Militar, el general de División, José Leopoldo Martínez González, es subsecretario de Seguridad Pública.
En Coahuila, el director de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del estado, es el general de Brigada, Jesús Ernesto Estrada, mientras que el director de la Policía Preventiva de Saltillo, es otro militar retirado: el general Brigadier, Marco Antonio Delgado.
Y en Gómez Palacio, Durango, el teniente coronel Ignacio Ramírez, encabeza la secretaría de Seguridad Pública Municipal, que anteriormente presidieron el general Abelardo Díaz Pedroza y el mayor Roberto Orduña.
La participación de militares en tareas de seguridad pública tiene sustento legal en un acuerdo adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1996.
En ese entonces, la Corte resolvió cinco tesis que allanaron el camino para que los gobiernos federal y estatal puedan recurrir a las fuerzas armadas. Y es que aprobaron su participación "en acciones civiles en favor de la seguridad pública en auxilio de las autoridades civiles".
Villatoro Cortez se suma así a la lista de militares que actualmente están al frente de las corporaciones policiales en por lo menos nueve entidades del país.
A pesar de las recomendaciones emitidas por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales para regresar a los militares a sus cuarteles y de las denuncias de vejaciones, abusos y asesinatos cometidos contra la población civil, el proceso de militarización de los cuerpos de seguridad estatales sigue en marcha: la expansión del rol de las fuerzas armadas se intensificó cuando Felipe Calderón asumió la Presidencia de la República y decidió echar mano del Ejército para combatir al crimen organizado.
El nombramiento del teniente coronel Villatoro Cortez no es casual: Baja California es uno de los estados que registra el mayor índice de homicidios dolosos en el país, junto con Ciudad Juárez.
De hecho, desde agosto del año pasado, las labores de seguridad pública en Tijuana están a cargo de militares, en este caso del también teniente coronel, Julián Leyzaola Pérez.
En la llamada "guerra contra el crimen organizado", el presidente Calderón sacó a las calles a más de 20 mil militares para combatir la ola de ejecuciones en el país. Esa modalidad ha sido copiada por algunos gobernadores y alcaldes que, ante la corrupción y descomposición de los cuerpos policiales, habilitaron a militares en retiro para garantizar la seguridad y reorganizar a los cuerpos encargados de velar por la ciudadanía.
Actualmente, militares de alto rango, retirados y en activo, encabezan las labores de seguridad pública en Aguascalientes, Coahuila, Baja California, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.
En Aguascalientes, el general de División Diplomado de Estado Mayor, Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del estado desde el 6 de octubre del año pasado.
Un caso singular es el del estado de Tabasco, que, en menos de tres años, tuvo a tres generales de División al frente de la Secretaría de Seguridad Pública: Francisco Fernández Solís, Alberto Espinosa Ramírez y Héctor Sánchez Gutiérrez.
En marzo de 2007, el general Fernández Solís fue víctima de un atentado, presuntamente perpetrado por miembros de la misma SSP del estado, encabezados por Juan Cano Torres, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Manuel Andrade, líder de un grupo denominado "La Hermandad".
Otros generales que encabezan secretarías de Seguridad Pública estatales son: Juan Heriberto Salinas, en Guerrero; Mario Ayón Rodríguez, en Puebla; y Juan Manuel Orozco Méndez, en Veracruz.
En tanto, en Tlaxaca, el expresidente del Supremo Tribunal Militar, el general de División, José Leopoldo Martínez González, es subsecretario de Seguridad Pública.
En Coahuila, el director de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del estado, es el general de Brigada, Jesús Ernesto Estrada, mientras que el director de la Policía Preventiva de Saltillo, es otro militar retirado: el general Brigadier, Marco Antonio Delgado.
Y en Gómez Palacio, Durango, el teniente coronel Ignacio Ramírez, encabeza la secretaría de Seguridad Pública Municipal, que anteriormente presidieron el general Abelardo Díaz Pedroza y el mayor Roberto Orduña.
La participación de militares en tareas de seguridad pública tiene sustento legal en un acuerdo adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1996.
En ese entonces, la Corte resolvió cinco tesis que allanaron el camino para que los gobiernos federal y estatal puedan recurrir a las fuerzas armadas. Y es que aprobaron su participación "en acciones civiles en favor de la seguridad pública en auxilio de las autoridades civiles".
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