Fiebre militarista |  |  |  |
|
 |
Felipe Calderón convirtió en política de Estado su decisión de sacar al Ejército a las calles para enfrentar al narcotráfico y mantenerlo así durante su administración |
Jorge Carrasco Araizaga /Proceso
Esta medida, que forma parte de la política militar del sexenio delineada en diciembre pasado por el secretario de la Defensa Nacional, general de división DEM Guillermo Galván Galván, tiene, entre otros riesgos, el de que el Ejército termine por convertirse en el principal interlocutor ante los cárteles de la droga y los grupos políticos que los apoyan.
El investigador Luis Astorga sostiene que otro de los riesgos de la estrategia de Calderón tiene que ver no sólo con la violación de derechos humanos –como lo confirmó la semana pasada la organización internacional Human Rights Watch–, sino con la deserción de elementos de las Fuerzas Armadas, que se pasan a las filas de las organizaciones criminales.
Este último problema constituye una merma para la institución castrense. Tan sólo en el sexenio pasado fueron 107 mil 128 los elementos que desertaron, más de la mitad de los 194 mil miembros que forman el Ejército y Fuerza Aérea mexicanos. En promedio hubo 49 deserciones por día, casi 18 mil por año.
En el primer año de Calderón, la cifra se mantuvo igual. Según el subsecretario de la Defensa Nacional, general de división Tomás Ángeles Dauahare, en 2007 desertaron 17 mil 758 elementos de tropa, 119 oficiales y 8 jefes; es decir, 49 por día.
En un encuentro que tuvo el 22 de enero pasado con diputados y senadores de la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso, el divisionario aseguró que las deserciones no sólo tienen que ver con elementos que se suman a grupos como Los Zetas, el brazo armado del cártel del Golfo, sino que ocurren en gran medida entre el personal de tropa por la falta de adaptación al medio castrense, las prolongadas ausencias de la familia y otros empleos con mayor ingreso.
Publicado como decreto presidencial el pasado 24 de enero, el programa se fija la meta de reducir las deserciones en 30%. Si se cumple, de acuerdo con las cifras actuales, para finales de sexenio habrán desertado alrededor de 75 mil efectivos. Esto significa 12 mil 500 bajas por año, 34 por día.
Aunque no todos los desertores pasan al narcotráfico, la mayoría sí lo hacen. Y es factible que la estrategia gubernamental provoque una expansión del paramilitarismo en el país vinculado al tráfico de drogas, advierte en entrevista Luis Astorga, adscrito al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
Responsable de la Cátedra UNESCO “Transformaciones económicas y sociales relacionadas con el problema internacional de las drogas”, el especialista asegura que de extenderse la creación de ejércitos privados con exsoldados “entraríamos en una lógica distinta, al pasar de los señores de la droga a los señores de la guerra, financiados con dinero del narcotráfico”.
Y acota que si bien hasta el momento parece que no se está dando ese paramilitarismo, nada asegura que esto no se pueda modificar.
Sin embargo, admite que Calderón no tenía muchas opciones y que la clase política del país no ha ofrecido ninguna alternativa. Los riesgos de la actual estrategia, convertida ya en política militar del sexenio, “no son de cualquier tipo”, advierte.
Las prioridades
En el caso de los desertores que se incorporen al narcotráfico, Astorga dice que en la práctica el Estado mexicano está capacitando a los sicarios. Y explica: “No todos los zetas eran de élite, pero si ya vimos de lo que han sido capaces, imaginémonos qué pasaría si se suma una parte de los actuales desertores: aunque tienen una mínima preparación saben usar armas y son muchos, además de que no hay controles sobre ellos una vez que dejan las instituciones armadas”.
En el Programa sexenal de la Sedena, el control de la deserción está considerado como “atención prioritaria a los recursos humanos, pilar fundamental de nuestra institución”. Y para reducir en un 30% la deserción asegura que ya “ha implementado diversas medidas que impactan directamente en el nivel de vida de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea y sus familias”, tanto en ingresos como en salud y vivienda.
Además, mediante capacitación y desarrollo profesional, la institución buscará crear “una sólida moral” y “espíritu de cuerpo” entre sus elementos, menciona el documento. Pero no incluye nada de lo que el general Galván anunció en abril de 2007, cuando compareció ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.
En ese encuentro, el general Galván no sólo reveló la cifra de la deserción en el sexenio pasado, también anunció que tanto la Sedena como la Secretaría de Marina estaban revisando el Código de Justicia Militar para presentar a la Consejería Jurídica de la Presidencia un proyecto de iniciativa de ley para que se considere no sólo se considere traidores a la patria a los desertores, sino también a quienes utilicen sus conocimientos castrenses para realizar actividades relacionadas con la delincuencia organizada.
En la actualidad, a partir de que un efectivo deserta, las Fuerzas Armadas ya no tienen facultades para sancionar su conducta, puesto que el fuero de guerra sólo se aplica a los militares en activo y a los que se encuentran en retiro. En promedio, dijo el general Galván en esa ocasión, un desertor causa baja aproximadamente a los cuatro meses de abandonar la milicia.
De acuerdo con Luis Astorga, la guerra contra el narcotráfico declarada por Calderón puede derivar también “en lo que es más preocupante: un desplazamiento del poder que antes se concentraba en la clase política del sistema autoritario priísta respecto al control del negocio hacia las Fuerzas Armadas, que son instituciones nada transparentes y sin contrapesos”.
Abunda: “No sabemos exactamente cómo están conformadas las Fuerzas Armadas, los grupos internos que existen, ni (conocemos) la relación que éstos tienen con los distintos grupos del país”. En caso de que algunos de esos grupos militares se vinculen con las fuerzas políticas que gobiernan en donde se asientan poderosas organizaciones del narcotráfico, “va a ser mucho más difícil cambiar las cosas”, asegura el investigador.
Definido por Calderón como actor central en el combate al narcotráfico y al asignarle las tareas de erradicación, intercepción y lucha contra la delincuencia organizada –según lo establece el Programa Sectorial–, el Ejército ha adquirido mayor peso político.
Sin embargo, “no sabemos cómo pueden reaccionar los militares con esta dinámica en la que ha crecido su poder político. Las dudas crecen por la falta de transparencia y la ausencia de contrapesos”, dice Astorga, autor, entre otras publicaciones, de Drogas sin fronteras. Los expedientes de una guerra permanente, en el que revisa la manera en que México ha adoptado la estrategia estadunidense contra las drogas.
Y agrega: “Hasta ahora (los militares) han reaccionado de manera institucional, pero apostarle al sentimiento patriótico y a la reacción institucional porque así ha sido hasta ahora, es una apuesta muy arriesgada”.
Complicidad de los partidos
Entrevistado en su cubículo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Astorga sostiene que Calderón está dispuesto a llevar “hasta las últimas consecuencias” la estrategia estadunidense de descansar en los militares la represión al narcotráfico, no sólo en México sino en toda América Latina.
Desde que en 1986 el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, emitió la directiva de Seguridad Nacional, ese país le dio un giro a la lucha antidrogas en la región y empezó a presionar para la participación de las Fuerzas Armadas.
México fue el principal laboratorio de ese esquema incluso, mucho antes de esa directiva con la puesta en marcha de la Operación Cóndor en la que 10 mil militares fueron desplazados a Sinaloa, Chihuahua y Durango para erradicar los cultivos de amapola.
Aunque formalmente se instrumentó en 1977, la Operación empezó realmente desde dos años antes. Hasta ese momento no se había dado un despliegue militar de ese tipo en la región, dice el investigador.
Pero los gobiernos posteriores a la Operación Cóndor, incluido el de Vicente Fox, no recurrieron al Ejército como lo ha hecho Calderón, señala Astorga. Y agrega: “No tenía otra opción. Cualquiera que estuviera en su lugar tendría que hacer lo mismo porque no son muchas las opciones que deja Estados Unidos ni las condiciones en que se encuentran las instituciones policiales y de procuración de justicia en todo el país.”
Astorga considera que el margen de acción para cualquiera, no sólo para el gobierno federal, se reduce debido a la complicidad de los partidos políticos hacia el narcotráfico. Y a ellos se debe que las medidas de Calderón se convirtieran en política de Estado. Incluso, dice, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) avaló esta estrategia, mientras que el Congreso y los partidos políticos no han propuesto algo diferente.
Para él, “hay una corresponsabilidad, no sólo del gobierno federal, que dejó crecer el problema, sino la falta de visión de Estado por parte de las fuerzas políticas”.
Astorga afirma que la clase política que cogobierna en todo el país ha tenido una gran responsabilidad porque las estructuras policiales y municipales dependen de las autoridades locales, que controlan el PAN, el PRI y el PRD.
Y va todavía más allá: “Los partidos políticos tendrían que ser muy claros y contundentes y estar dispuestos a sacrificar y poner ante la justicia a sus militantes involucrados con el narcotráfico”, aunque admite que esto es muy difícil.
Los nuevos “ejes rectores”
Los cambios en el campo del tráfico de drogas están vinculados a los que sufrió el sistema político mexicano desde hace varios años. “Van juntos porque así nació el negocio del tráfico de drogas en México, dependiente del poder político”, asegura Astorga.
Y explica que mientras gobernó el PRI, debido a su autoritarismo sólo hubo un árbitro con los grupos narcotraficantes, pero con la dispersión del poder aparecieron varios microárbitros. El cambio político significó al mismo tiempo mayor autonomía para los traficantes de drogas con relación al poder político.
Sin embargo, dice, “lo más preocupante” de la actual estrategia es que haya un desplazamiento del control del negocio hacia las Fuerzas Armadas, donde “prevalece la opacidad y carece de verdaderos contrapesos políticos”.
El papel primordial del Ejército en la lucha contra el narcotráfico en el presente sexenio se inició desde que Calderón llegó a Los Pinos, aunque la estrategia gubernamental se puso por escrito hasta el 24 de enero pasado, cuando el Diario Oficial de la Federación publicó el Programa Sectorial de la Defensa Nacional 2007-20012.
Semanas antes, el 4 de diciembre, el titular de la Sedena habló de los objetivos del programa, al celebrar el Día de la Artillería, arma a la que pertenece el general Galván. En una ceremonia que tuvo lugar en el Campo Militar 1-A y de la que Proceso tuvo conocimiento, el militar delineó los cuatro “ejes rectores” de lo que será la política militar para los próximos cinco años.
El primero: “La atención prioritaria al recurso humano, como pilar fundamental de nuestra institución, a través de su manejo eficiente que incluye su desarrollo humano y profesional, el incremento de su nivel de vida y otros beneficios tendientes a propiciar una sólida moral”. Casi textual, así quedó plasmado en el Programa firmado por Calderón y el propio general Galván.
El segundo “eje” que el divisionario anunció ante sus compañeros de arma fue el de “eficientar (sic) la operatividad de los organismos militares” mediante “un sistema de adiestramiento realista y evaluable” en todos los niveles y el fortalecimiento del sistema educativo y el mejor uso de los recursos materiales.
En tercer lugar mencionó el “apoyo irrestricto” a las políticas contra el tráfico de drogas; y se refirió a lo que de hecho fueron las medidas tomadas por Calderón en su primer año de gobierno: el desarrollo de operaciones conjuntas de alto impacto, la creación de un cuerpo especial de apoyo federal y la cesión de efectivos y recursos materiales para la seguridad pública. A pesar de ya ser hechos consumados, estas medidas se omitieron en el decreto del Ejecutivo.
El último de los temas mencionados por el general Galván está encaminado a que el Estado mexicano cuente con una verdadera política de defensa nacional:
“Hemos expresado a nuestro comandante supremo (el presidente de la República), las comisiones de defensa de las Cámaras de Senadores y Diputados (y) a los presidentes de los principales partidos políticos… la necesidad impostergable” en esta materia, para garantizar el desarrollo a largo plazo de las Fuerzas Armadas.
Dos meses después de aquel discurso, la Sedena dejó por escrito en su programa sexenal lo dicho por el general Galván: “La Secretaría de la Defensa Nacional apoya irrestrictamente las políticas gubernamentales en materia de seguridad y participa activamente en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.
Además, asegura que el gobierno federal aplicará “la fuerza del Estado” para recuperar los espacios que han sido secuestrados por los narcotraficantes y otras organizaciones delictivas”. Y entre las metas menciona que se buscará “disminuir el área de siembra de enervantes en un 70%” y realizar 168 operaciones “de alto impacto”.
En el primero de los casos, dice que de esa manera se busca “minar la base económica de los narcotraficantes, impidiendo cíclicamente la cosecha de enervantes”. En el caso de las operaciones anuncia que “se realizarán en las áreas de mayor incidencia en la siembra y cultivo de enervantes” con el envío de unidades y material aéreo en apoyo de las Regiones Militares.
En ese mismo apartado de seguridad interior, la Sedena hace la única mención en todo el Programa al tema de la guerrilla. Indica que ayudará “al mantenimiento del Estado de derecho a través del acotamiento de los grupos armados en territorio nacional” y se compromete a “mejorar los procedimientos para enfrentar con mayor eficacia a los grupos armados que pretendan desestabilizar la infraestructura del país”.
No comments:
Post a Comment