Guerrero: violencia policíaca

Plaza Pública

Por Miguel Ángel Granados Chapa

A la par con Chihuahua, Baja California y Sinaloa —las entidades a las que se reduce la violencia homicida, según la diplomacia mexicana—, Guerrero padece altas tasas de criminalidad vinculada con la delincuencia organizada. En la entidad suriana, sin embargo, hay un factor agravante, causa de extrema preocupación. Es el papel que cumplen agentes policíacos, o delincuentes que se disfrazan de tales, y practican levantones que concluyen en homicidios.

Anteayer domingo fueron identificados por sus familiares los cadáveres de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, en el servicio médico forense de Acapulco. Sus cuerpos, hallados el viernes 20 en el municipio de Tecoanapa mostraban huellas de tortura. Habían sido aprehendidos una semana atrás, el viernes 13, en Ayutla de los Libres por tres individuos que ostentaban uniformes de la Policía investigadora ministerial que los hicieron subir a un vehículo sin placas.

Raúl Lucas tenía 39 años de edad y Manuel Ponce 32. Eran presidente y secretario de la Organización para el futuro del pueblo mixteco (OFPM), un centro promotor de los derechos humanos surgido a raíz de violaciones a las garantías de las personas. El 7 de junio de 1998, en una escuela de la comunidad de El Charco fueron muertas once personas, en lo que se pretendió hacer pasar como un enfrentamiento entre tropas del Ejército mexicano y guerrilleros, si bien quedó claro que sólo hubo fuego por la parte militar, que por lo tanto no sufrió ninguna baja. Tiempo más tarde, en tres comunidades de la misma región 18 mujeres indígenas fueron esterilizadas sin su conocimiento (y en consecuencia sin su consentimiento).

La Organización por el Futuro del Pueblo Mixteco actuaba en relación con acontecimientos de esa naturaleza, por desgracia no infrecuentes en parajes alejados. Por eso la presencia de Lucas no era grata a las autoridades. El 18 de octubre de 2006 fue retenido por miembros del Ejército y sometido a interrogatorios fuera del marco jurídico. Por ello presentó el 24 de ese mes y año una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los mismos hechos fueron denunciados por el activista ante el ministerio público federal, que abrió un averiguación por abuso de autoridad.

Aunque a menudo fue objeto de agresiones (como un ataque armado el 15 de febrero de 2007, del que resultó ileso), Lucas no cejó en su tarea. El año pasado presentó cinco quejas documentadas ante la propia CNDH, sobre allanamientos, robo, daño en propiedad ajena, retenciones e interrogatorios ilegales practicados por militares en comunidades mixtecas y tlapanecas.

La noche del viernes 13, cuando desaparecieron a manos de presuntos o reales agentes de la policía ministerial, el Centro de Derechos Humanos Tlanchinollan solicitó amparo a favor de Lucas y Ponce por incomunicación, posible tortura y privación ilegal de la libertad, y demandó al juzgado séptimo de distrito con sede en Chilpancingo una búsqueda de los desaparecidos en las instalaciones de la policía ministerial, de la municipal de Ayutla, del 48º. Batallón de infantería establecido en Cruz Grande y en las oficinas de la PGR en Acapulco y Chilpancingo. Las familias de los desaparecidos acudieron rápidamente, el 14 de febrero, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en pos de medidas cautelares que los protegieran. Ninguna de esas gestiones prosperó de inmediato y se quedaron sin materia cuando fueron hallados los cadáveres. Es de temer, dados los factores en presencia —militares y agentes ministeriales— que así como no se movió la maquinaria judicial en tratándose de su desaparición, tampoco haya acciones destinadas a averiguar lo sucedido y a castigar a los responsables.

Tal impunidad es pronosticable a la luz del papel que parece estar jugando la policía ministerial o grupos en su interior que actúan como en aparente fuera de control. Para citar un ejemplo de gravedad semejante tomamos el caso del profesor Máximo Mojica que a principios de enero fue levantado en Teleoloapan por individuos encapuchados que actuaban como si fueran agentes de la policía adscrita a la Procuraduría estatal. Cuando se disponía a denunciar el hecho, la señora María de los Ángeles Hernández fue también detenida y, con un muchacho que por azar se hallaba a la mano del grupo paramilitar, hecha desaparecer. Días después, sin embargo, aparecieron en manos del ministerio público en Acapulco, que solicitó y obtuvo el arraigo de las tres personas. La semana pasada, el 18 de febrero el arraigo fue levantado pues un juez accedió a librar órdenes de aprehensión contra las tres personas, bajo la acusación de haber secuestrado en octubre pasado, en Atoyac, a la profesora Adriana de Jesús. Al igual que Lucas, que fue hecho desaparecer en circunstancias semejantes aunque su suerte fue peor, Mojica es un activista social: dirige la organización Tierra y Libertad y participa en movimientos de reivindicación magisterial y de solicitantes de vivienda popular.

Además de lo anotado, este fin de semana pasado Guerrero fue escenario de insólitos actos de violencia a los que será necesario referirse con mayor detenimiento. En la madrugada del viernes, unos 200 militares catearon varios domicilios en Zihuatanejo y detuvieron a varias personas, entre ellas el hijo de un ex alcalde de Petatlán, Francisco Javier Rodríguez Aceves, quien al día siguiente negó que su hijo y él mismo tuvieran nexos con el narcotráfico. Horas después lo asesinaron en su pueblo.— México, Distrito Federal.

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