Represión y rebelión.
En la historia del México contemporáneo ha habido un contrapunteo permanente entre la represión y la rebelión. En la segunda mitad del siglo XX la tendencia de los gobiernos priistas a reprimir todos los movimientos que cuestionaban abiertamente su autoridad y su política recibió como respuesta rebeliones cada vez más violentas de la izquierda. La historia sin fin represión-rebelión-represión es un tema que encuentra poco eco en la historia oficial; tampoco aparece en la historia de los personajes de la política y la economía que proporcionan el material imprescindible de los chismes de sobremesa.
En el iceberg de la historia contemporánea, ese es un proceso oculto, secreto, que se encuentra en la porción sumergida de la inmensa mole. Invisible pero no intrascendente. Hoy, ignorarlo es peligroso para el político en el poder y para la oposición que pueden desencadenar un nuevo ciclo. Las posiciones se polarizan. El Ejército está en la calle. Hay muchos sectores del pueblo que están llegando al límite de su resistencia. La izquierda se divide no sólo por intereses y parcelas de poder, sino también por la posición que hay que tomar frente a la derecha en el poder: reformista o radical. No hay paciencia ni tolerancia ni know how para negociar con el adversario.
Represión y rebelión en México (1959-1985) es precisamente el nombre del libro de Enrique Condés Lara, publicado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la editorial Miguel Ángel Pomía, que ya está en las librerías. Su lectura es extraordinariamente útil hoy. Los dos tomos y el CD de documentos adjuntos son una obra muy bien documentada con fuentes mexicanas y extranjeras: entrevistas con los participantes, archivos personales y familiares, así como archivos públicos que sólo recientemente han sido abiertos a los investigadores. En México estos archivos no siempre estuvieron disponibles con la debida regularidad. Como lo relata el mismo Condés, acceder a los documentos exigió mucha paciencia e ingenio. Sin embargo, después de varios años de labor, el investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla revela por primera vez la continuidad macabra de este contrapunteo que desembocó en la guerra sucia, pero también en la transición a la democracia de los años setenta y ochenta.
Esta historia es la historia de los servicios secretos, las fuerzas represivas del Estado, y también la de miles de hombres y mujeres rebeldes. Muchos de ellos idealistas honestos, comprometidos con las ideas de la justicia social y la democracia incluso hasta el sacrificio de sus vidas. De líderes populares extraordinariamente dotados y capaces cuya vida fue truncada por la represión del Estado. Condés Lara no sólo los rescata del anonimato al cual habían sido condenados, sino que explica cómo y cuánto influyeron sus acciones en la formación de la realidad de nuestro país.
Es el relato de una lucha sórdida a veces, teñida de escándalo otras, gloriosa en circunstancias. Hurgando en los archivos de los órganos de seguridad, el autor rescata páginas inéditas de una historia voluminosa que abarca todo el país y que es prácticamente desconocida para las generaciones actuales. A veces los exfuncionarios del PRI insisten en que durante todos esos años las decisiones las tomaban los políticos y los empresarios, en tanto que los opositores del mundo subterráneo únicamente influían indirectamente en ellas. Yo me pregunto: ¿Sólo influían, o en muchos casos inspiraron y determinaron decisiones que sin ellos no hubieran sido tomadas? ¿Cuánto le deben la democracia y la política social de hoy a las luchas en las catacumbas de ayer? Muchos priistas destacados de ayer vieron cómo fracasaba su proyecto y son hoy miembros de la oposición. Decía Marx que los hombres hacen la historia, pero casi nunca tienen conciencia de lo que realmente hacen.
Condés Lara sostiene que la represión comenzaba contra movimientos que eran formalmente legales si bien contrarios al sistema corporativo real. A ese respecto destaca el destino de muchos movimientos electorales independientes. En México la tiranía siempre ha tomado la forma de una contradicción flagrante entre el orden constitucional democrático y la práctica autoritaria de gobiernos y fuerzas fácticas. Esto es cierto para ayer y para hoy también. A ese respecto es muy revelador el capítulo sobre la trayectoria del Frente Electoral del Pueblo (FEP). El FER en el cual participaron sectores del Movimiento de Liberación Nacional, de la Confederación Campesina Independiente y del Partido Comunista Mexicano, realizó su Asamblea Nacional Constituyente el 26 y 27 de junio de 1963.
Desde el primer momento los trabajos de organización y proselitismo del FEP se toparon con una generalizada hostilidad gubernamental. A las oficinas centrales del organismo llegaban constantemente noticias sobre persecuciones, encarcelatalentos y asesinatos. Pronto se recibieron solicitudes urgentes de los estados "para que se enviaran abogados que defendieran a numerosos miembros que habían sido detenidos por las autoridades policiacas". En el estado de Michoacán se habían girado órdenes para perseguir y encarcelar a todos los miembros del FEP. En Guanajuato y en Chiapas también hubo aprehensiones.
El director de la Federal de Seguridad, Manuel Rangel Escamilla, informaba "que 10 miembros de la CCI y el FEP fueron amarrados de las manos y fusilados con ametralladoras para finalmente ser colgados". En octubre del mismo año, la Secretaría de Gobernación negó oficialmente la solicitud de registro del Frente Electoral del Pueblo en un dictamen que, más allá de un peritaje legal, buscaba desautorizar públicamente a los promotores de la nueva asociación política. No tardó en llegar la respuesta tajante de los dirigentes del FEP, que calificaron de deleznable la resolución del licenciado Gustavo Díaz Ordaz, y anunciaron que "el dictamen de Gobernación no modifica en lo más mínimo los acuerdos y resoluciones de la asamblea constitutiva del Frente Electoral del Pueblo, ni la decisión de sus miembros de participar activamente, con candidatos propios a todos los puestos de elección popular".
A la par, babía en los medios una campaña de descrédito contra el FEP y de silencio absoluto frente a los ataques que sufría. Todos los días se publicaban notas sobre "intereses ocultos", "fines no confesables", "móviles antipatrióticos" y "rechazos del pueblo". La negativa oficial y la campaña de descrédito tuvieron sus efectos sobre la moral y la frágil unidad interna del Frente. Ante el incierto futuro de la empresa, muchos candidatos se retiraron. Entonces se propuso como candidato presidencial a Ramón Danzós Palomino, dirigente campesino y del Partido Comunista. Alrededor de él el FEP armó su campaña electoral enfrentando al candidato oficial Gustavo Díaz Ordaz. Salvo la revista Política, los medios informativos hicieron un gran vacío al nuevo partido. Algunos de sus actos fueron agredidos por grupos de mercenarios. Otros fueron abiertamente disueltos por la policía. Su propaganda fue sistemáticamente decomisada o destruida. Pese a todo, el candidato del FEP realizó un esfuerzo extraordinario: hizo mítines y encuentros en todo el país. Y los dirigentes decidieron mantener el partido y continuar la formación de comités municipales preparándose para otras elecciones. Algunos dirigentes como Alfonso Garzón abandonaron sus filas llevándose a sus seguidores. Pronto pasaron a dividir también la CCI. En abril de 1965, el gobierno asestó un golpe contundente a las fuerzas que estaban detrás del FEP.
Agentes del Servicio Secreto, bajo el mando de Raúl Mendiolea, ocuparon simultáneamente las oficinas del FEP, de la CCI --encabezada por Ramón Danzós-- y del Partido Comunista, deteniendo a todas las personas que se encontraban en su interior, decomisando documentos y archivos y finalmente clausurando los espacios. Inmediatamente la jefatura de policía del DF emitió un boletín en el cual se declaraba que se trataba de "evitar futuros desórdenes que como única consecuencia traen consigo la alteración del orden y la paz pública. ..".
En mayo de 1967, el candidato presidencial Ramón Danzós fue capturado por la policía en su casa, desaparecido durante varias semanas y finalmente trasladado a Sonora, donde estuvo recluido durante un año. En abril de 1969, fue nuevamente arrestado y permaneció preso en Lecumberri hasta diciembre de 1971. Así finalizó uno de los muchos intentos de la izquierda mexicana realizados desde los años veinte para participar legalmente en los procesos electorales. Indudablemente fueron las represiones de actividades legales amparadas por la Constitución y las leyes mexicanas las que crearon el ambiente para el surgimiento de los movimientos guerrilleros de los que hablará Enrique Condés Lara en los tomos III, IV y V de su notable obra.
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