Entrevista a Marc Gavaldà, autor del documental "Patagonia Petrolera, la movediza"

"Las petroleras saquean los recursos y vampirizan las economías locales"


Mirari Isasi
Gara


El catalán Marc Gavaldá (1974) es licenciado en Ciencias Ambientales. Autor de varias obras en las que denuncia la actividad de transnacionales petroleras como Repsol en América Latina presentó recientemente en el Ekozinemaldia, en Bilbo, su documental «Patagonia Petrolera, la movediza».

Recién acabada su carrera en Barcelona, Marc Gavaldá viajó a Bolivia, Argentina, Perú, Colombia y Ecuador, países que ha recorrido durante doce años y en los que ha podido comprobar in situ los daños y conflictos que provoca en estos países la actividad de las transnacionales petroleras y, en especial, Repsol.

¿Cómo se implantan y actúan empresas como Repsol en otros países?

Repsol es una empresa que tiene carácter de monopolio en el Estado español, donde hay entre 40 y 50 millones de consumidores cautivos que no tienen elección y posibilidad de consumir en otra empresa, y Repsol tiene que ir a buscar a otros sitios ya que el país carece de reservas. En los años 90 aprovechó la coyuntura de que América Latina despertaba de procesos dictatoriales y había ascendido una oligar- quía muy corrupta y muy maleable por los grandes poderes de Washington. En esa década se introduce el Consenso de Washington, que consistió en despedazar el Estado, privatizarlo y crear nuevas leyes para facilitar la entrada de transnacionales. Repsol se benefició mucho de ello, sobre todo en América Latina, porque aprovechó los lazos coloniales. La diplomacia española hizo un gran trabajo. En Argentina, Carlos Saúl Menem, presidente buscado por la Justicia por tráfico de armas y corrupción, fue seducido por el rey de España y José María Aznar para que YPF fuera vendida a Repsol. Todavía hay un proceso judicial contra Repsol y quienes dirigieron aquella operación por venta fraudulenta de acciones.

¿Siempre se actúa igual?

En otros países se está utilizando también la diplomacia. De ahí, los viajes del señor Moratinos a Kazajastán, vendiendo talgos a un dictador de la época comunista, y a Guinea Ecuatorial, donde, acompañado del presidente de Repsol, Antoni Brufau, estrecha la mano del sanguinario dictador Teodoro Obiang. Otro caso de expansión y adquisición de nuevos bloques se produjo el año pasado en Perú, cuyo presidente, Alan García, ha entregado todo el país a las transnacionales y Repsol ha conseguido nuevos bloques. Uno de ellos, el controvertido bloque 39, en la zona fronteriza, en plena Amazonía ecuatoriana, donde hay indígenas no contactados, y donde la entrada de Respol puede causar un etnocidio.

En más de una ocasión ha mencionado la corrupción y las ilegalidades a la hora de implantarse y apropiarse de los recursos de esos países...

En Bolivia se aprobaron muchos contratos sin pasar por el Congreso, lo que llevó a declararlos nulos en 2006, cuando se produce la nacionalización, incompleta, de hidrocarburos.

¿Cómo actúan sobre las comunidades indígenas?

En América Latina el petróleo está en la franja subandina amazónica. Allí están los territorios indígenas. En Bolivia, hay 17 territorios indígenas afectados. Un sinfín de culturas está en una situación de fragilidad muy grande. Su mundo se está deteriorando por la apertura de accesos y el empuje hacia las ciudades. Estas culturas que han sido preservadas en gran medida gracias a su aislamiento físico, son las que más sufren la llegada de las petroleras que pueden tener contratos de hasta 40 años, por lo que el impacto es irreversible. Existen convenios que obligan a las empresas a contar con un consentimiento previo para cualquier actividad en territorio indígena. Obligatoriamente deben informar a las comunidades afectadas y luego realizar una consulta. Repsol no lo hace. Ofrece regalos a las comunidades, porque son zonas muy desatendidas por el Estado, para lograr su firma e incluirla en el estudio de impacto ambiental.

¿Cuáles son las consecuencias medioambientales?

La prospección sísmica ya tiene un impacto muy grande en zonas como la Amazonía, porque se abren accesos y realizan explosiones. Al abrir los pozos se inyectan lodos de perforación que acaban arrojándose a los ríos... Se ha pescado in fraganti varias veces a Repsol, en Bolivia, vertiéndolos aprovechando los días de lluvia. Es una industria que necesita una gran infraestructura que tiene un ciclo de vida, se corroe, se rompe... y empiezan los desmanes. Y cuando llega a puerto, existe un tráfico incontrolado de barcos en condiciones lamentables, intercambio de petróleo en alta mar y limpieza de barcos. Eso contamina.

¿Y sobre la salud?

Hay varias zonas con muchos años de contaminación y las consecuencias son muy visibles. Dos comunidades de Neuquén (Argentina) se han hecho famosas por elevar una demanda judicial contra Repsol, por 445 millones de dólares por contami- nación de aguas y suelos. Estas personas están totalmente contaminadas y los metales pesados se acumulan en sus tejidos. Se han detectado 17 metales pesados diferentes, sobre todo el plomo, cadmio, mercurio... y se dan casos de anencefalia fetal. Otra zona muy castigada es la Amazonía ecuatoriana, donde Texaco ingresó en los años 70 y dejó un país con unos enormes pasivos ambientales, y donde sí hay evidencias y muchos estudios médicos, y se han publicado informes determinando la cercanía de los pozos petroleros y el muy elevado índice de enfermedades como leucemia, abortos, cáncer...

¿Por qué habla de recolonización al referirse a la actividad de estas empresas?

Hablo de la reconquista de territorios y del poder de los capitales y poderes españoles, concretamente en sus ex colonias, aprovechando la situación creada por el Consenso de Washington que, descuartizando los estados, reduciendo el gasto fiscal y aprobando leyes muy flexibles para facilitar la entrada de multinacionales, permitió que en las regiones petroleras muchas veces éstas sustituyeran al Estado y ejercieran de estados colonizadores. Existe un saqueo de recursos y también una vampirización de la economía de estos países. Por ejemplo, en Bolivia y Argentina no sólo extraen petróleo y lo exportan en grandes cantidades, sino que extraen divisas al cobrar a argentinos y bolivianos un petróleo que es suyo y pagan a precio internacional.

¿Cuál es el nivel de resistencia en esos países ante la actuación de las multinacionales?

En los años 90 la población latinoamericana estaba todavía muy a la expectativa de los posibles y tan anunciados beneficios que traerían las inversiones extranjeras, por lo que hubo un periodo en el que no había resistencia sino expectativas. A los pocos años se fueron desencantando por las mentiras, los incumplimientos de contratos, el maltrato a la población, el menosprecio a las organizaciones legítimas por parte de las empresas..., y poco a poco se da una formación social y una transmisión de información que genera una concienciación colectiva para llegar a procesos tan fuertes como el de la guerra del gas en Bolivia en 2003. En las zonas productoras, las comunidades indígenas necesitan muchas veces experimentar primero en su propia piel lo que es la explotación petrolera, por eso muchas veces es difícil que planteen resistencia sin haber sido previamente atropelladas. Pero existen casos muy lúcidos que sin haber tenido petróleo en sus territorios ya ejercen una negativa rotunda, como los tentayapi (Bolivia), los sarayaku (Ecuador), los mapuche, en Argentina...

¿Cómo está influyendo la llegada de la izquierda al poder?

La resistencia ha quedado a veces un poco diluida por las esperanzas o credibilidad que dan los movimientos sociales a los nuevos gobernantes que acceden al poder con promesas nacionalistas y luego, de alguna manera, se dejan manosear por los poderes corporativos. Es el caso de Bolivia, donde Evo Morales llegó al poder prometiendo la nacionalización que al final se ha traducido en un leve aumento de impuestos, un leve cambio de reglas, pero no ha habido nacionalización expropiadora que es lo que se pedía.

¿Qué papel han jugado en la invasión petrolera y los etnocidios los gobiernos, las ONG y los medios de comunicación?

Los gobiernos suelen ser aliados de las compañías petroleras, por la necesidad y voracidad de dinero que tienen para sus propios gastos, para elevar las cifras macroeconómicas, muchas veces presionados por la deuda externa. Entre las ONG habría que distinguir a las que también son socias de las petroleras porque realizan informes de impacto ambiental e instrumentalizan a las comunidades de las que sí realizan una labor de información y concienciación. Y los medios están totalmente cooptados a través de la publicidad.

En alguna ocasión ha mencionado la criminalización de los opositores, la militarización y la paramilitarización y la impunidad... como otras de las consecuencias de su actividad.

En un contexto mundial de declinación de las reservas petroleras se busca petroleo más lejos, en zonas que no habían sido exploradas o explotadas y éstos son los últimos territorios indígenas o reservas nacionales. Hay una vuelta de tuerca en la militarización de estas regiones porque es un recurso muy cotizado e inestable, que necesita mucha infraestructura y ésta es muy vulnerable, y han sido objetivo para los reclamos locales y para los grupos armados que operan en esas zonas. El caso de Colombia es el más sintomático de la paramilitarización de las regiones petroleras, con la eliminación o desaparición de los líderes opositores más visibles, por lo que sí se pueden relacionar las petroleras con los paramilitares. Y este fenómeno se está reproduciendo, en menor escala, en otros países. En Argentina, las petroleras financian y empujan a grupos de parados como fuerza de choque contra comunidades mapuche que se oponen a la explotación petrolera con el discurso de que les darán empleo.

¿Cuál es la alternativa a este modelo de desarrollo?

El modelo petrolero es un modelo caduco y lo han demostrado la crisis ecológica y climática en la que nos estamos embarcando y la crisis energética que está a punto de descamuflarse y que traerá unas enormes consecuencias económicas y sociales. Estamos en un momento en el que es muy urgente superar el modelo petrolero y pasar lo más rápido posible a un modelo de vida con un bajo consumo energé- tico. A lo mejor esto no se va a producir voluntariamente, sino por el agotamiento de los recursos, y la escasez que vamos a vivir próximamente nos va a empujar a ingeniar modos de vida mucho más sostenibles.

Se han multiplicado las denuncias en los tribunales. ¿Cómo están esos procesos? ¿Ha habido sentencias además de la del Tribunal de los Pueblos contra el BBVA?

En el caso de Texaco, que abandonó Ecuador en los años 90 y vendió sus instalaciones a Petroecuador, no es un proceso penal sino por daños y perjuicios y las indemnizaciones podrían llegar a los mil millones de dólares. Más que de indemnizaciones se trata de que se responsabilicen de la reparación ambiental y sanitaria y en base a eso que se evalúan los costos y se pide una cantidad de dinero. Ha habido casos de sentencias que han expulsado a empresas. En Ecuador, se expulsó a la Occidental porque no estaba pagando impuestos. Venezuela también ha expulsado a varias. Dentro del proceso de nacionalización en Bolivia hubo ese intento, pero lo que se ha hecho es poner las leyes más estrictas, sin que se haya dado una expulsión.

¿Servirá de algo o es un gesto puramente simbólico?

Los argumentos medioambientales no pesan todavía a nivel judicial como para llegar a una expulsión. Pero la judicialización es un paso muy importante, ya que existe una situación de impunidad petrolera en estos países. Existen leyes ambientales pero no hay funcionarios ni preparados ni motivados ni con suficientes recursos para monitorear esas empresas, que se monitorean a sí mismas. Se llega al extremo de tomar como verídicos sus informes de responsabilidad social corporativa, que es una pura invención. Hay un perfecto descontrol sobre las emisiones.

¿Cuáles son las causas abiertas más graves?

Además de las denuncias contra Repsol y Texaco, hay una contra Shell, por contaminación y por la ejecución de nueve ogonis en el Delta del Níger (Nigeria) hace 15 años.