Pandilleros reclutados por cárteles mexicanos en EU
| Autor: Jorge Luis Sierra | Sección: Opinión |
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Aumentan los riesgos de que mexicanos y mexicoamericanos enrolados en pandillas participen en la introducción ilegal de drogas a Estados Unidos, observan autoridades de ese país. El vínculo se daría sobre todo con los cárteles del Golfo y de Juárez. Al tiempo, organizaciones civiles y ciudadanos solicitan toque de queda contra adolescentes pandilleros por la violencia que ya ejercen en el sur de Texas y en Tamaulipas
Jorge Luis Sierra, texto y fotos / corresponsal
San Juan, Texas. Pharr, San Juan y Álamo son pueblos famosos porque aquí se desarrolló el movimiento campesino que fundó César Chávez, el líder histórico de los trabajadores agrícolas de Estados Unidos, y porque ahí fueron electos los primeros alcaldes de origen mexicano en el sur de Texas. Ese legado lo han seguido organizaciones como ARISE y La Unión del Pueblo Entero, que tienen ya una década de defensa de derechos de los inmigrantes y las familias pobres de esta zona fronteriza.
Ahora la fama de estas tres ciudades conocidas como PSJA está cambiando dramáticamente por la presencia de pandilleros que asaltan casas y comercios, trafican drogas, cometen ejecuciones y combaten con granadas y bombas molotov contra pandillas rivales.
Esa ola de violencia llegó hasta la señora Guadalupe Navarro, dueña de la tienda Guadalupe’s Groceries en Pharr. “Gracias a Dios estoy con vida”, dice Navarro de 69 años de edad, al recordar cómo fue golpeada a puñetazos y patadas por un joven de unos 20 años que la asaltó. Ella afirma que nunca le había pasado nada similar en los 38 años que lleva con su tienda, ubicada en la parte frontal de su casa en la calle Denny Drive, del barrio de Las Milpas.
Navarro muestra una cicatriz de unos 40 centímetros a lo largo de la pierna derecha: “Me pusieron como cincuenta grapas”, dice Navarro mientras enseña con el dedo los puntos de sutura de la intervención quirúrgica que los médicos le practicaron para reconstruir su fémur, destrozado a patadas.
El incidente ocurrió el 7 de julio, a medio día. Como todos los martes, Navarro esperaba al camión repartidor de Coca Cola que surte a la tienda cuando vio entrar a un joven desconocido. Ella estaba sola, porque su esposo se había ido al doctor.
“Entró un joven, chaparrito, moreno”, cuenta Navarro. “Me pidió una botella de agua, pero me dijo ‘no tengo con qué pagarla’; yo, como quiera, le dije: “Tómala, luego me la pagas”. Pero enseguida el joven tomó a Navarro del cuello, le arrancó una medalla y le comenzó a golpear la cabeza con los puños.
El asaltante la arrastró hasta la cocina de la casa. Navarro cuenta que el individuo tomó un cuchillo y alzó la mano, pero ella le pegó en el brazo y de alguna forma logró tirarle el arma. Ya tendida en el piso, Navarro empezó a sentir puntapiés por todo el cuerpo mientras el joven le preguntaba en dónde estaba el dinero. “Me sacó el dinero que tenía en los bolsillos de mi pantalón”, dice Navarro. Ese dinero sería para pagar el surtido del camión de Coca Cola.
Incertidumbre en el barrio
Al anochecer, las familias de PSJA se encierran en sus casas y los negocios cierran sus puertas. Unas horas después de entrada la noche, miembros de dos pandillas rivales, Tri City Bombers y Texas Chicano Brotherhood, comienzan a brotar por las calles y hacerlas suyas.
El nivel de violencia ha impulsado a algunos vecinos a reunirse en secreto para discutir qué hacer ante el problema de las pandillas, narra Christella González, responsable del área de PSJA de La Unión del Pueblo Entero (LUPE).
“Algunos vecinos tienen mucho miedo y no quieren hablar”, dice González al comentar la primera reacción de la gente frente a la ola reciente de violencia que ha azotado al pueblo. “Pero hay otros que sí se animan a hablar y están cooperado con la policía”. González afirma que los miembros de LUPE les han pedido a los agentes de la policía del condado de Hidalgo que patrullen las colonias aledañas a San Juan.
La presión de los vecinos y el hecho de que varios de los pandilleros implicados en los hechos de violencia son adolescentes obligaron al municipio de San Juan a imponer un toque de queda para los menores de 17 años a partir del 10 de agosto.
El toque de queda prohíbe que los menores de edad deambulen por las calles a pie o en automóvil, entre las 22 horas y las 6 horas. Los padres serán multados con 100 dólares la primera ocasión que sus hijos sean arrestados, 250 dólares la segunda y 500 dólares la tercera.
Una de las organizaciones ha pedido que esa medida abarque a todo el Valle del Río Grande en la frontera con Tamaulipas. “Tenemos como cinco años o más pidiendo el toque de queda”, dice Ramona Casas, inmigrante de origen mexicano que dirige Voces del Pueblo, una organización de vecinos que tiene actividad en colonias infestadas de pandillas al sur de Mission, Pharr y Álamo. “Queremos que el toque de queda se extienda a todo el condado”.
Andrea Olvera, directora de la oficina de ARISE en Las Milpas, dice que su organización impulsará de nuevo el programa Vecino ayudando al Vecino, para promover las formas de cooperación de los pobladores para protegerse uno al otro.
Delia Sánchez, de 65 años de edad, costurera, también fue asaltada en su casa de Las Milpas hace dos meses. Una señora acompañada de una joven le pidió hacer un trabajo de costura a eso de las 21 horas. Sánchez cuenta que, confiada, les abrió la puerta y la mujer y la joven entraron para robarle su bolso de mano.
Nacida en Río Hondo, Texas, Sánchez explica que cuando llegó a Las Milpas hace 37 años sólo había cuatro casas y nada de delincuencia. “Antes estaba muy pacífico, pero empezó a llegar más gente, entre ella gente mala”, dice la mujer.
Otras ancianas han sido vejadas sexualmente. El pasado 17 de agosto, el jefe de policía de la ciudad de Elsa, cercana a PSJA, pidió la ayuda de la comunidad para detener a un individuo de unos 20 años que habían forzado la puerta de una casa, robado pertenencias y violado en múltiples ocasiones a una anciana de 78 años de edad.
La guerra de seis años
El intercambio de asesinatos entre ambas pandillas ya lleva seis años desde que miembros de Tri City Bombers ejecutaron a seis integrantes de la Texas Chicano Brotherhood en una casa móvil de la calle Montecristo, al norte de Edinburg, en enero de 2003. Los Bombers organizaron cuidadosamente el ataque: consiguieron rifles AK-47, se uniformaron de policías y mataron a seis personas. Los investigadores que testificaron en los juicios contra los Bombers dijeron que éstos querían matar a dos hermanos de la Brotherhood que estaban usurpando el territorio de los primeros para vender drogas.
Al menos cuatro de los 17 detenidos por esa masacre fueron sentenciados a muerte, pero la rivalidad siguió adelante y ha cobrado más víctimas. En enero de 2009, Ricardo Bocanegra, miembro de Tri City Bombers, fue ejecutado en su tienda de tabaco al norte de la Calle I, en San Juan. Su esposa Jennifer sobrevivió, pero resultó gravemente herida.
Días más tarde, en una aparente venganza, un sujeto arrojó una granada de mano en el antro Booty Lounge, de Pharr, donde la policía presume que se hallaban reunidos miembros de la Brotherhood. La granada no explotó, pero el incidente impulsó a los investigadores de la Agencia de Armas de Fuego, Tabaco, Alcohol y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) a iniciar una investigación que los llevó hasta un lote de granadas decomisado a Los Zetas en Monterrey.
Según agentes de ATF ubicados en Phoenix, Arizona, citados por la agencia Notimex en febrero pasado, el ataque al Booty Lounge está relacionado con los ataques con granadas al Consulado de Estados Unidos y al edificio de Televisa en Monterrey en octubre de 2008, que fueron atribuidos a una célula de Los Zetas. Los agentes dijeron a Notimex que el número de serie de las granadas utilizadas en los tres incidentes indica que todas pertenecen al mismo lote de armas originario de Corea del Sur, decomisado en Monterrey.
La sensación de incertidumbre en PSJA aumentó con el incidente de las bombas molotov. El 17 de mayo pasado, presuntos miembros de Tri City Bombers arrojaron cócteles molotov contra una casa de San Juan en la que supuestamente vivían miembros de la pandilla rival. Tres jóvenes fueron arrestados y uno de ellos, al ser interrogado por los agentes, dijo que esperaban ver quién salía del incendio para dispararle. Según un diario local, Tommy Lee Gámez, presunto líder de ese grupo, declaró a los agentes: “Dejé que lo planearan porque tenía mucha furia”.
No es ésta la única zona del sur de Texas en la que la policía detecta que las pandillas están utilizando explosivos y otro equipo de origen militar. La policía de Houston ha decomisado granadas de mano a pandillas locales, dice un agente encubierto de la Unidad de Supresión de Pandillas del Distrito Escolar de Houston que pide no ser identificado por razones de seguridad.
El reporte 2009 del Centro Nacional de Inteligencia Antipandillas reporta que al menos 17 de las 20 mil pandillas en Estados Unidos tienen miembros con entrenamiento militar, entre ellos la Mexican Mafia, la MS-13 y los Latin Kings, que tienen presencia en la frontera con México.
Las pandillas “están mejor organizadas, más fuertes, en números mayores y dispuestas a hacer lo que sea con tal de obtener dinero”, explica Eddy Day, teniente de la División de Pandillas del Departamento de Policía de Houston. En esta ciudad, de poco más de 2 millones de habitantes, la policía ha registrado a unos 6 mil 300 pandilleros integrados en 172 pandillas, 27 más que las registradas en 2006.
En Estados Unidos, el número de 20 mil pandillas ha permanecido relativamente estable, pero su membresía ha crecido y ya rebasó el millón de integrantes en 2008, un 25 por ciento más que en 2002, según el reporte del Centro Nacional de Inteligencia Antipandillas.
El factor drogas
El vínculo entre las pandillas y los cárteles del narcotráfico se facilita por la cercanía geográfica. Según las cifras más recientes de la Oficina del Censo de Estados Unidos, el Valle del Río Grande es una zona poblada por más de 1.2 millones de habitantes, en su mayoría de origen mexicano, distribuidos en tres condados y unas 45 ciudades pegadas a la frontera con Tamaulipas, exactamente en la zona de operación del cártel del Golfo y de La Compañía, el nuevo nombre que han adoptado Los Zetas.
Expertos y documentos consultados indican que las pandillas locales comercian con drogas y están creciendo en peligrosidad. Los grupos enfrentados en la zona de PSJA nacieron originalmente de Tri City Bombers, una pandilla callejera formada en la década de 1980 con la unidad de grupos juveniles dedicados a bailar breakdance (Tri City Poppers) y jugar futbol americano (Lopezville Bombitas).
Los Bombers comenzaron a cometer delitos y algunos fueron enviados a prisión, donde hicieron contacto con Texas Syndicate, una pandilla carcelaria de alcance nacional. Tri City Bombers se convirtió entonces en una de las bandas más violentas del sur de Texas. Con el tiempo, el líder de los Bombers, Carlos Benavides, se unió a Mexikanemi, una pandilla carcelaria enemiga de Texas Syndicate, y formó otra pandilla llamada Texas Chicano Brotherhood con miembros que no eran del Valle. Desde entonces, los Bombers y la Brotherhood han estado en guerra. Las ejecuciones han ocurrido en uno y otro lado con algunos periodos efímeros de tregua.
Pero mientras eso pasa en la zona de PSJA, otras pandillas del Valle del Río Grande están recorriendo su camino a paso rápido, como es el caso de los PO Boys, Los Zavala, Los 18, Los 13 y West Side, una célula de Los Vallucos, acuartelada en La Primera, una localidad de unos 3 mil habitantes al noroeste de Harlingen, en el condado de Cameron.
Los Vallucos del West Side brincaron a la notoriedad cuando uno de sus miembros, Abraham Mar, fue condenado a 99 años de prisión por el intento de homicidio de Carlos Díaz, agente de la policía de Harlingen. Mar le vació un cartucho de su pistola a Díaz en junio de 2008. El policía quedó herido con cuatro disparos en el pecho, el brazo, una mano y un rozón en la cabeza y Mar huyó a Matamoros, Tamaulipas. Sin embargo, la policía mexicana lo detuvo días después y lo entregó a las autoridades de Estados Unidos.
Hace unas semanas, la West Side volvió a la escena pública con el secuestro de Diana Izaguirre, de 15 años de edad. Investigadores citados por el diario Brownsville Herald presumen que Víctor García, de 27 años e integrante de Los Vallucos, estaba resentido porque su novia había terminado con él. Según los investigadores, ésa fue la razón por la que García secuestró a su cuñada Diana el 21 de julio y se la llevó a Brownsville, a unos 10 minutos de la frontera con Matamoros.
Con información de un denunciante anónimo, la policía descubrió a García con Izaguirre y lo arrestó en las cercanías del hotel Red Roof de Brownsville.
García no oculta su filiación con Los Vallucos ni su vida entre mujeres, pandilleros, y la parafernalia de drogas y armas. El joven se identifica con el nombre Valluco 22 en su página web. Según expertos en pandillas, la palabra valluco une a su vez a las palabras valle y pachuco. El número 22 significa la letra V, la vigésimo segunda letra del alfabeto inglés.
En su página web, García muestra fotografías que lo retratan cargando pistolas, alzando una escopeta y exhibiendo un tatuaje del ancho de la espalda con la palabra valluco. Ahora, su página tiene las palabras “in jail” para expresar su estado o “mood”, y exhibe un mensaje de García donde pide a sus amigos que lo visiten en la cárcel del condado de Cameron.
Amenaza mayor
Las pandillas del sur de Texas están creciendo a pesar de los embates de la policía y de las campañas de prevención que han iniciado organizaciones locales. La policía del condado de Hidalgo, por ejemplo, ha identificado a más de 400 miembros de Tri City Bombers en el Valle, pero estima que puede haber unos 1 mil 200 más en otras ciudades de Texas como Houston, Waco, Wichita Falls y El Paso.
El reporte reciente del Centro Nacional de Inteligencia sobre Pandillas destaca que prácticamente todas las pandillas carcelarias de Estados Unidos tienen relación con los cárteles mexicanos y transportan droga desde la región fronteriza hasta distintas ciudades del país.
Agrega que algunas de esas pandillas son Barrio Azteca, con 2 mil miembros que operan en el suroeste de Texas y el sureste de Nuevo México; Hermanos Pistoleros Latinos, con cerca de 1 mil miembros que operan en Laredo y en algunas ciudades mexicanas; Mexikanemi, de unos 2 mil miembros, también conocida como Texas Mexican Mafia o Emi, con vínculos con los cárteles del Golfo y Ciudad Juárez; así como la Mexican Mafia, la Eme, de 200 integrantes.
Lo que los investigadores están por definir es establecer el papel que las pandillas pueden jugar con el narcotráfico en México. Sus redes carcelarias podrían proporcionar a los narcotraficantes mexicanos una infraestructura indispensable para mantener el silencio de los narcotraficantes que llegan a ser extraditados y encarcelados en las prisiones estadunidenses. Las redes callejeras podrían asegurar el paso de los cargamentos de droga hacia el norte y de armas hacia el sur. Y, sobre todo, podrían asegurar la eliminación de los adversarios, algo que los Bombers y la Brotherhood saben hacer muy bien.
Veinte pandillas de EU implicadas con cárteles mexicanos: NDIC
El Centro de Inteligencia Nacional sobre Drogas de Estados Unidos revela que 20 pandillas que operan en ese país están vinculadas con los narcotraficantes mexicanos, con los cuales mantienen “relaciones de trabajo” para la distribución al menudeo de estupefacientes.
“Los narcotraficantes mexicanos de los cárteles de Sinaloa, Golfo, Juárez y Tijuana mantienen relaciones de trabajo con al menos 20 pandillas callejeras, bandas de prisión y OMG [outlaw motorcycle gangs] que operan en las comunidades urbanas y suburbanas en todo el país.”
En su National drug threat assessment 2009 (o Evaluación de la amenaza nacional de drogas 2009), el NDIC (por sus siglas en inglés) advierte que la participación de las pandillas en el tráfico de drogas es creciente, sobre todo por la “ayuda” de sus conexiones con organizaciones delictivas particularmente de México y Asia.
Señala que “muchas bandas” han ampliado su influencia sobre la distribución de drogas al por mayor: “han desarrollado o fortalecido las relaciones con las organizaciones delictivas trasnacionales para tener acceso a fuentes internacionales de suministro de grandes envíos de drogas ilícitas que luego distribuyen”.
Con presencia en todo el territorio estadunidense –ciudades, zonas urbanas, suburbios y algunas zonas rurales–, las pandillas ya controlan la distribución minorista de marihuana, polvo de cocaína, crack, metanfetamina, heroína y MDMA, indica el NDIC.
Además, el reporte de evaluación –hecho público en diciembre de 2008– señala que los actos delictivos atribuibles a los pandilleros han aumentado en sus fronteras con México y Canadá.
De acuerdo con la National drug threat assessment 2009, las bandas afiliadas con los cárteles de Sinaloa, Golfo, Juárez y Tijuana son: 18th Street; Latin Kings; Bandidos; Mara Salvatrucha (MS-13); Barrio Azteca; Mexican Mafia; Black Guerilla Family; Mexikanemi; Bloods; Mongoles; Crips; Norteños; Florencia 13; Sureños; Gangster Disciples; Tango Blast; Hells Angels; Texas Syndicate; Hermanos de Pistoleros Latinos; Vagos. (Redacción)
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