La Ronda de Doha presenta numerosos problemas. Uno de ellos es la falta de liderazgo de su Director General, el francés Pascal Lamy, quien pese a considerar que la OMC es una “institución medieval”, fue reelecto en el cargo -está en él desde el 13 de mayo de 2005- el pasado 30 de abril para seguir al frente de la organización por otros cuatro años. Otro problema adicional, es la falta de voluntad política de las grandes potencias comerciales para asumir compromisos en materia de acceso a los mercados. La Unión Europea, se entiende, está más preocupada por la acelerada ampliación en su membresía, de manera que hoy cuenta con 27 países participantes, muchos de ellos –los de reciente acceso, por cierto- con condiciones económicas y políticas sumamente asimétricas respecto a los socios más avanzados. Estados Unidos parece más interesado en negociar bilateralmente con algunos países por separado, que involucrarse en un proceso más complejo con la totalidad de la comunidad de naciones, muchas de las cuales le exigirían concesiones y cierta reciprocidad comercial.
Pero hay otros aspectos sumamente importantes y que rara vez son ponderados a la hora de evaluar el estancamiento de la Ronda de Doha. Uno de ellos es la negativa a evaluar con criterios objetivos –cuantitativos pues-, los costos que tendría la liberalización comercial para algunos países y sectores de sus economías. Otro aspecto, relacionado con lo anterior, es el hecho de que los gobiernos no han sabido “venderle” a la población, los beneficios a que se harían acreedores, si las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda de Doha tuvieran éxito.
Un problema adicional para avanzar en las negociaciones comerciales multilaterales es que hay productos protegidos por “aranceles pico”, es decir, impuestos que están por arriba de la media, y que se justifican con el argumento de que están dirigidos a proteger “productos sensibles” –como hace, por ejemplo, Japón con el arroz, cuando, en los hechos, hay poderosos lobbys de productores que poseen una enorme influencia política y pugnan por sus intereses particulares.
Una dificultad sumamente preocupante en estos momentos tiene que ver con la imposición, por parte de los países más desarrollados, de aranceles “progresivos” a los productos de los países en desarrollo. Todos los especialistas en economía insisten en que los países pobres deben agregar valor a los productos que elaboran y exportan. Cuando así lo hacen, entonces sus productos adquieren otro valor añadido por lo que enfrentan nuevas restricciones para ingresar a los mercados de las naciones desarrolladas. Difícilmente alguien discutiría la necesidad de que Centroamérica elaborara cafeteras, en lugar de limitarse sólo a la producción de café. Pero entonces, sus cafeteras, como productos con mayor valor agregado, enfrentarán nuevos obstáculos en el comercio internacional. La consecuencia de esta situación es que puede desincentivar la innovación y disminuir los estímulos a favor de la diversificación de su plataforma de exportaciones.
Aunque se observa una especie de fastidio en todo el mundo para destrabar la Ronda de Doha, los temas descritos merecen la mayor atención, porque, al margen de la suerte que corran las negociaciones comerciales multilaterales, los intercambios de bienes y servicios continuarán y a falta de normas para garantizar mejores condiciones de acceso a los mercados internacionales, los vientos del proteccionismo soplarán con renovado vigor.
María Cristina Rosas es Profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México
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