García Abrego: Huellas de los Narcosobornos

2009-08-30

Américo Delgado de la Peña, asesinado la noche del viernes 28 en Toluca, encabezaba al equipo de abogados al servicio de Juan García Abrego, deportado a Estados Unidos en 1996 y actualmente preso en la cárcel de alta seguridad de Florence, Colorado. El abogado llevaba, entre otros casos relacionados con narcotraficantes, el litigio mediante el cual el ex jefe del Cártel del Golfo pretendía recuperar 50 millones de dólares que, según él, pagó en sobornos a un funcionario de la PGR. El presente reportaje está basado, entre otras fuentes, en una entrevista con Américo Delgado y estaba listo para ser publicado cuando se difundió la noticia de su muerte.

MEXICO, DF, 28 de agosto.- Además de gestionar en tribunales mexicanos su regreso a México, de donde asegura que fue “desterrado” en 1996, Juan García Ábrego, exjefe del cártel del Golfo, ahora exige a la Procuraduría General de la República (PGR) la devolución de 50 millones de dólares que dice haberle pagado a un funcionario de esa dependencia.
García Ábrego fue el máximo líder de ese cártel entre 1988 y 1995. Entonces alegaba que durante varios años le entregó 2.4 millones de dólares mensuales al ahora exfuncionario de la PGR Luis Esteban García Villalón a cambio de que lo protegiera y le informara sobre los operativos e investigaciones en contra de su organización criminal. Al paso de los años, el monto de los sobornos ascendió a 50 millones de dólares, que ahora reclama el capo preso en Estados Unidos, pero con otros argumentos.

García Villalón fue director de Concertación y Enlace de la PGR en 1990, hasta que fue tocado por el escándalo: fue sorprendido con un portatraje repleto de dólares, según se establece en una denuncia anónima presentada ante la procuraduría y que tiempo después sirvió de base para acusar al funcionario de cohecho, delitos contra la salud y lavado de dinero.
En la denuncia se dijo que García Villalón y su hermano Eduardo “blanquearon” los sobornos de García Ábrego mediante la compra de dos aviones, establecimientos mercantiles, casas, departamentos y cuentas de inversión en el extranjero.

Un lavadólares en la PGR
Antes de 1990, García Villalón era agente federal, pero desde entonces fue señalado en Estados Unidos como integrante del cártel del Golfo y destinatario de “sobornos del narco”.
Hasta ahora ha salido avante de las acusaciones: en marzo de 2007, por ejemplo, ganó un litigio que obligó a la PGR a devolverle 5 millones 877 mil 535 dólares que le fueron decomisados en 1990, de acuerdo con el fallo del Primer Tribunal Colegiado penal, con sede en Monterrey, Nuevo León. Sin embargo, la dependencia no ha cumplido y las autoridades judiciales iniciaron un juicio de “inejecución de sentencia” en contra del titular de la PGR, Eduardo Medina Mora.
Entre tanto, Juan García Ábrego cumple 11 cadenas perpetuas en la penitenciaría ADX (Administrative-Maximum) en Florence, Colorado, desde enero de 1996, y tanto allá como en México sus abogados realizan gestiones legales para recuperar el dinero que dice haberle entregado a García Villalón.
En sus alegatos, los abogados sostienen que su cliente nunca le pagó protección al exfuncionario, y que éste sólo fungió como una especie de administrador. El legítimo propietario de esos recursos es García Ábrego, dicen, lo cual pretenden demostrar ante las autoridades federales.
Pedro Albino García Olivilla, hijo de Juan García Ábrego, envió al procurador Medina Mora una carta, que fue recibida en la Unidad de Documentación y Análisis de la PGR el 17 de diciembre de 2007. En ella expone:
“Mi poderdante, por medio de la prensa, se enteró que el Lic. Luis Esteban García Villalón estaba exigiendo que se le devolvieran 5 millones de dólares, los cuales se dijo que se encontraban en documentos de inversión a nombre de su hermano Eduardo del mismo apellido.
“Me expresó mi poderdante que durante mucho tiempo confió al referido Luis Esteban García Villalón sumas muy fuertes de dinero obtenidas por sus actividades como agricultor, ganadero, comprador y vendedor de productos del campo y operaciones en el ramo de la agricultura.”
Según García Olivilla su padre, Juan García Ábrego, le confió que García Villalón se presentó como un hombre de negocios especializado en actividades financieras y por ello, en diversas formas, le entregó 50 millones de dólares, de cuyo estado y administración le reportaba.
Continúa Albino García: el supuesto empresario le dijo a su padre que colocó los fondos en depósitos e inversiones a través de instituciones financieras como Banorte Abaco, Arka y casas de bolsa de la colonia del Valle Oriente de San Pedro Garza García, Nuevo León, además de inversiones en las Islas Caimán, entre otras.
Adicionalmente, García Villalón dijo que compró acciones bursátiles, terrenos, ranchos y varias propiedades en Monterrey, Nuevo León: departamentos en el edificio El Capitolio, una casa en la colonia San Ángel y otra frente al Club Campestre.
Y en el Harlingen Texas Nacional Bank –prosigue García Olivilla– el conocido de su padre depositó 2 millones de dólares a nombre de Eduardo García Villalón (hermano de Luis Esteban) y 3 millones más en la Casa de Bolsa Texas. De igual forma, hasta 20 millones de dólares más quedaron a nombre “de diversos amigos y familiares” del exfuncionario de la PGR en bancos de Laredo, Texas, según García Olivilla.
En su carta, el hijo de Juan García Ábrego añade que Luis Esteban García Villalón depositó 4 millones de dólares canadienses a nombre de uno de sus cuñados, de apellido Treviño, los cuales, afirma, incluso fueron motivo de un convenio celebrado en la embajada de Estados Unidos en México.
“García Villalón nunca ha desconocido que el dinero es de mi poderdante, como así lo declara en la averiguación previa 2336/D/90/MESA IV-D, agregando según su dicho que se lo daba por una supuesta protección, la cual no se probó nunca”, dice la carta dirigida a Medina Mora y de la cual se tiene copia.
Por ese motivo, García Olivilla solicita que la PGR inicie una investigación “tanto por los ilícitos que se cometen en contra de mi poderdante como también porque ahora se ha sabido que el dinero se lo ocultó (García Villalón) al Fisco Federal, lo cual estaba fuera de las instrucciones que le dio mi poderdante”. Y añade:
“Se trataba de cumplir con las obligaciones fiscales, ya que el dinero que se le entregó tenía un origen lícito. El dinero y bienes los sigue utilizando y ocultando, por lo que es un acto de tracto sucesivo, de ejecución continua, en su caso de delincuencia organizada, lavado de dinero y otros que resulten cometidos en contra de mi padre, el Sr. Juan García Ábrego.
“Para recuperar lo que es del patrimonio de mi poderdante es por lo que me dio indicaciones de dirigirme a usted, a fin de que todo lo que se encuentre a nombre de García Villalón, sus familiares y prestanombres (sea) asegurado en protección de los intereses que represento.”
En el último párrafo de la carta, García Olivilla le recuerda a Medina Mora que su padre fue condenado a cadena perpetua por un tribunal estadunidense “en una época en que la jurisprudencia de la Corte mexicana lo prohibía por ser violatoria del artículo 22 Constitucional, por lo que no se le podía condenar, y es por ello que ruego su intervención a fin de que se le regrese a México y se le juzgue conforme a las leyes de nuestro país”.

El “destierro”
Sin escatimar dinero ni abogados, Juan García Ábrego promueve un recurso de amparo ante los tribunales mexicanos con el argumento de que su entrega a las autoridades estadunidenses fue un “destierro” y un espectacular golpe político.
El proyecto para repatriarlo se inició hace un par de años, pero en los últimos siete meses comenzó a acelerarse la gestión en los tribunales. Sólo que el litigio del más poderoso capo del sexenio salinista se enfrenta a un problema: oficialmente, su aprehensión y deportación nunca ocurrieron.
En una entrevista realizada en el curso de la preparación de este reportaje, Américo Delgado de la Peña, que encabezaba al equipo de abogados, aseguró que “es fantasioso” que ninguna instancia legal ni política reconozca que García Ábrego fue detenido y entregado a Estados Unidos por el gobierno de Ernesto Zedillo el 14 de enero de 1996, lo que puso fin a la carrera delictiva del jefe del cártel del Golfo.
De acuerdo con los criterios que se aplican en este caso, y según los argumentos expuestos por los abogados del capo, la movilización policiaca y militar efectuada aquel día en Nuevo León, durante la búsqueda y detención de García Ábrego, no se realizó. No hay constancias oficiales de que alguna autoridad superior haya ordenado los operativos.
Las imágenes difundidas por la televisión y las fotografías publicadas por la prensa escrita, donde se observa al jefe del cártel del Golfo abordar el avión que lo trasladó a Estados Unidos, son legalmente inválidas. Nadie sabe nada de aquella aprehensión y los archivos criminales no tienen registro alguno de ese hecho, que fue noticia internacional.
En términos legales, Juan García Ábrego nunca fue detenido en México ni deportado a Estados Unidos, pues dicho evento no está grabado en la memoria de ninguna dependencia mexicana, según se desprende de las respuestas emitidas por la PGR y las secretarías de la Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y de Gobernación, e incluso por la Presidencia de la República, a las que este semanario tuvo acceso.
Al menos eso les han dicho a los abogados de García Ábrego, quienes por instrucciones de su cliente iniciaron gestiones para lograr su repatriación mediante un juicio de amparo, a poco más de diez años y medio de su aprehensión.
Si las autoridades le conceden el amparo, Juan García Ábrego puede regresar a México, donde –según las acusaciones integradas en Estados Unidos– se dedicó al tráfico de drogas por más de una década con absoluta impunidad.
Sigiloso y hábil –uno de sus principales sellos como jefe del cártel del Golfo–, el narcotraficante alega que es mexicano, y para demostrarlo incluye hasta su fe de bautismo, extendida por la iglesia de Nuestra Señora del Refugio, de Matamoros, Tamaulipas, el 13 de septiembre de 1945. El documento lleva la firma del cura J. Jesús Robledo, quien lo bautizó.
En la entrevista, el abogado Delgado de la Peña reafirmó que García Ábrego nació en México y 20 años después fue registrado en Estados Unidos, hecho que atribuye a “una costumbre ordinaria en la frontera”.
Pero lo fundamental, indicó Américo Delgado, “es que, siendo mexicano o extranjero, se le debió otorgar la garantía de audiencia: ser oído y vencido en juicio previamente a la deportación o traslado. El hecho no tiene vuelta –explicó–, se trata en realidad de un destierro, prohibido por el artículo 22 de la Constitución, lo que además da margen para que no exista término para la promoción del amparo”.
Desde la prisión de alta seguridad de Florence, Colorado, García Abrego sostiene que su deportación, ejecutada el 14 de enero de 1996, en realidad fue un destierro urdido desde la cúpula del poder político, pues nunca fue oído ni vencido en juicio.

(Ricardo Ravelo / PROCESO)