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La Haya. La secretaria de Estado estadunidense, Hillary Clinton, reconoció que el presidente demócrata Barack Obama abandonó discretamente la expresión guerra contra el terrorismo
, acuñada durante el gobierno del republicano George W. Bush. La administración dejó de utilizar esa frase
, declaró Clinton al responder a pregunta expresa.
Fue nombrado relator especial de la ONU en 2005. Es experto, sobre todo, en derecho internacional de relaciones públicas, legislación sobre derechos humanos, derecho constitucional y legislación antiterrorista y es profesor de derecho internacional en la Universidad de Europa en Italia. Es también vicepresidente de la asociación de Derecho Constitucional Internacional y entre 1998 y 2008 fue presidente del Instituto de Derechos Humanos de la Academia Åbo. Con todo, el Gobierno de España ha intentado desacreditar el informe presentado por Scheinin. Cuando tuvo oportunidad de responder ante la Comisión de Derechos Humanos, el representante del Gobierno de España Javier Garrigues tuvo estas palabras para él y para su informe: «no conoce la realidad de la lucha contra el terrorismo ni la opinión de la mayoría de la sociedad española ni tampoco la base de la Constitución española. Parece que tampoco sabe qué es el delito de apología del terrorismo. Ha hecho suyas críticas y denuncias sin fundamento ni contraste. Ha puesto en cuestión la imparcialidad de los jueces y la división de poderes».
El Gobierno de España dice que su definición de la palabra terrorismo es demasiado estrecha. ¿Qué le parece?
Yo digo que la definición objetiva del terrorismo está bien reflejada en la legislación española. Pero, luego, aparecen muchos delitos ligados a él que, en mi opinión, son una pendiente resbaladiza. Se amplían cada vez más y, al final, se introducen delitos que no tienen relación con el terrorismo. Creo que el uso de la legislación sobre terrorismo es demasiado amplio. Algunos de los temas que se ven en la Audiencia Nacional española no deberían estar ahí; por ejemplo, la kale borroka.
Por tanto, ¿debería el Gobierno de España concretar en la legislación?
Sí, yo propongo utilizar la legislación sobre terrorismo para el verdadero terrorismo. Para el resto de delitos, el ámbito penal es suficiente, sin necesidad de mencionar la palabra terrorismo. La kale borroka es violencia, no terrorismo. No es lo mismo.
¿Qué dice sobre los encarcelamientos por la Justicia española por realizar actividades políticas con la imputación de pertenencia o colaboración con «grupo terrorista»?
Para mí es muy difícil saber si hay pruebas. Me resulta difícil saber si alguien recibía órdenes de ETA y, por tanto, como dice el Gobierno de España, es parte de ETA. En el caso de partidos políticos y plataformas electorales, en cambio, puedo tener más información. Pienso que el punto de vista del Gobierno de España es demasiado amplio. Actúa contra algunos grupos que no tienen relación con la violencia. Tener el mismo objetivo que ETA no debería ser delito ni tampoco servir para ilegalizar a un partido político, al menos si no tiene relación con la violencia.
En la respuesta a su informe, el Gobierno de España dice que el terrorismo está en el objetivo y no en el modo de actuar. ¿Qué le parece esa lógica?
Estoy totalmente en contra de esa definición y querría que el Gobierno de España no dijera cosas así. Ese uso es muy extremo. Para mí la definición del terrorismo está siempre en el modo de actuar. Es una estrategia, es el uso de la violencia contra personas inocentes. Es violencia simbólica. Si empezamos a definir el terrorismo según los objetivos políticos, entonces cualquier partido político que trabaje contra el gobierno es un grupo terrorista.
¿Existe, a su juicio, libertad de expresión en España y en el País Vasco?
La fotografía es confusa. España es una democracia temblorosa que acepta críticas y puntos de vista diversos. Pero es cierto que, al mismo tiempo, las ilegalizaciones de organizaciones no gubernamentales y los cierres de diarios recortan la libertad de expresión. Después los jueces deciden si es un recorte aceptable o una vulneración. En lo que a mí atañe, quizás el Estado español algunas veces va demasiado lejos.
En su opinión, ¿garantiza la Ley de partidos española la libertad de expresión?
Es demasiado amplia. Permite demasiadas lecturas y, al cabo, es de claridad escasa. La Ley de partidos puede utilizarse contra la libertad de expresión, pero no diría que tenga ese objetivo. Sería ir demasiado lejos. Pero, a mi juicio, al ser demasiado amplia, crea problemas.
¿Qué debería modificar el Gobierno de España para garantizar la libertad de expresión?
Le he propuesto el examen del Código penal por un experto y la mejora y precisión de la Ley de partidos. El experto consideraría cómo puede lograrse mayor claridad y dejar menos espacio a la interpretación.
El Gobierno de España, haciendo caso omiso a su consejo, ha dejado claro que no eliminará la incomunicación. ¿Qué le parece esta negativa?
No soy el primero que solicita eso. Numerosos expertos en derechos humanos han dicho lo mismo antes que yo. La mayoría de estados no tiene medidas así. La incomunicación está asfixiando a España. Mientras siga utilizándola, el resto de estados y organizaciones de protección de derechos humanos serán muy críticos con ella. Si sigue así, se debilita a sí misma para hacer frente a las denuncias de tortura y declaraciones falsas. Yo solicité que la elimine y que, mientras no lo haga, tome medidas para que sean respetados los derechos de los detenidos.
Para defenderse ha mencionado a los estados británico y francés…
La diferencia es notoria. Otros estados ponen límites a la elección de abogado, pero pueden designar a un abogado de confianza cuando no hay ninguna sospecha especial. Tienen medidas durante los días posteriores a la detención, pero no el sistema de incomunicación. En eso reside la diferencia básica respecto a España. La mayoría de estados reconoce el derecho a designar un abogado de confianza desde el principio de la detención y ésta es una de las medidas más adecuadas contra la violencia policial. Por eso el comportamiento de España es mucho más peligroso que el de la mayoría de estados.
¿Cómo ve que la Ertzaintza empiece otra vez a incomunicar?
Como le he dicho, estoy en contra de la incomunicación y debería sustituirse por otras medidas, entre ellas el derecho a designar abogado. Por tanto, esta noticia no me alegra.
¿Qué le parece que no se investiguen numerosas denuncias de tortura?
En mi opinión, cuando hay una denuncia de tortura, debería interrumpirse el juicio hasta que ésta se investigue. No me parece bien lo que se hace en España, investigar el delito en un tribunal y la tortura, en otro. Además, se juzgan muy pocas denuncias de tortura.
¿Por eso dice que la Audiencia Nacional puede tener un problema?
Sí, pero hay muchos otros problemas. En primer lugar, se tratan demasiados delitos en un solo tribunal. Debería estar más repartido. En segundo lugar, tiene demasiadas competencias desde el inicio de la investigación y, finalmente, demasiado control. La Audiencia Nacional pasa por encima de los tribunales territoriales. Se recortan las oportunidades de interponer recursos desde el inicio de la supuesta investigación del tribunal superior de justicia. En realidad, no es posible el completo derecho a recurrir. Por último, Madrid y el propio contexto crean riesgo en el momento de la investigación. Por todo ello el Gobierno de España debería considerar el tratamiento de los delitos de terrorismo por las vías judiciales ordinarias.
¿Cómo se ha tomado que el Gobierno de España haya dicho que al mencionar a la Audiencia Nacional ha entrado en un ámbito que no le corresponde?
¿Qué quiere que le diga? España dice que la decisión sobre instituciones y legislación le corresponde a ella, porque se trata de la soberanía interna. A mi juicio, eso es un mal argumento. Como relator especial de la ONU puedo dar recomendaciones a cualquier estado respecto a, por ejemplo, modificar la ley o crear o eliminar instituciones. Yo soy experto en derecho internacional, sobre todo en derechos humanos, y España no es ninguna excepción. Luego, eso sí, es claro que España es soberana, pero yo no estoy modificando la legislación. Sólo doy algunas recomendaciones.
¿Le parece adecuada la actitud del Gobierno de España en punto a la mejora del tratamiento de los derechos humanos?
Tiene una doble postura. En muchos ámbitos España es un modelo, sobre todo en el impulso del diálogo internacional y entre civilizaciones. Está haciendo un muy buen trabajo, pero respecto a la legislación sobre terrorismo, tengo mis dudas. Utiliza demasiadas medidas restrictivas y España tiene demasiadas instituciones que carecen de lugar en democracia.
¿Qué responde cuando el Gobierno de España dice que su informe es una opinión personal y que se basa en hechos no verificados?
No es así. Soy un experto independiente que examina las bases de la legislación internacional sobre derechos humanos. En lo tocante a mi método de trabajo, tengo libertad total de recibir información de cualquier fuente. Debe subrayarse que en mi informe no aparece nada que el Gobierno de España no haya visto antes. Le presento el informe y disponen de meses para hacerme comentarios. Después me corresponde a mí decidir qué pongo en el informe.
¿Ha tenido a menudo reacciones así de los gobiernos?
Sí, siempre he tenido críticas. Luego hay una cuestión de intensidad y estilo. Pero tengo que decir que la relación diplomática que he tenido con España en esta ocasión ha sido buena. Hemos tenido debates interesantes. No hay enemistad, sino falta de acuerdo en algunos ámbitos.
¿Cree que en el futuro España dará pasos para proteger mejor los derechos humanos?
En general, veo una buena disposición. Sobre todo desde el cambio de gobierno en los EEUU, muchos estados han admitido haber cometido errores. Espero que España también dé pasos en esta dirección.
¿Qué hará la ONU después de la presentación de su informe y de la respuesta del Gobierno de España?
No creo que la Comisión de Derechos Humanos adopte medidas especiales. Yo, por mi parte, seguiré el caso.
Pero, a su juicio, ¿qué medidas debería adoptarse?
No colocarán a España bajo medidas especiales de control. No estaría justificado. No sucederá.
Martin Scheinin, relator especial de la ONU, es experto en derecho internacional de relaciones públicas, legislación sobre derechos humanos, derecho constitucional y legislación antiterrorista y es profesor de derecho internacional en la Universidad de Europa en Italia.
Traducción para www.sinpermiso.info por Daniel Escribano
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