"Los bárbaros del norte"

Voces del Director

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En tres tiempos -en un lapso de 70 años- el Partido Acción Nacional (PAN) ha mudado de piel y de entraña: En su origen, fue un tenaz defensor de la moral religiosa y de la moral pública; en su devenir, cayó en el relativismo moral y, ya en el poder, se ha enfangado en la inmoralidad personal y gubernamental. Demostración de esa perversa mutación, es la impunidad con la que la Secretaría de la Función Pública, la Procuraduría General de la República y algunos ministros azules de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejan pasar actos imputables a militantes de ese partido, que atentan contra lo que las viejas derechas denominaban la moral y las buenas costumbres.

La desenfrenada violencia, consustancial a la acción del crimen organizado, es la prueba del ácido para la ética del panismo hecho gobierno. Recientes datos de fuentes oficiales especializadas revelan que, durante los últimos siete años, se han cometido en México más 50 mil asesinatos relacionados con la actividad del narco. Sólo en 2008, cinco mil 630. La suma global rebasa el número de habitantes de algunos pequeños estados nacionales inscritos en la ONU. Los voceros del gobierno, incluyendo al propio Presidente de la República, manejan con nerviosa frialdad esa estadística, pero -lo que es peor- la atribuyen a ”la desesperación” de las mafias en pugna por el éxito con el que los aparatos represores del Estado las combaten. Y se quedan tan campantes. Pero no sólo campantes, sino casi orgullosos, como el desubicado secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, quien en reciente tour por Europa declaró que, de no ser por la valentía de Felipe Calderón, el próximo presidente de México sería un narcotraficante.

El punto es que, como si los muertos fueran seres desechables -sean o no activos de los sindicatos del crimen, en cuyo caso es la autoridad judicial competente la que en última lectura debe discernirlo y castigarlo-, el gobierno, no obstante que en las bajas se computa a numerosos agentes de la ley, justifica la barbarie con el mendaz argumento de que son pleitos de familias mafiosas que ya no resisten lo duro, sino lo tupido de “la fuerza del Estado”. Es el valor que los del PAN dan a la vida humana, trátese de transgresores o de inocentes llevados entre las espuelas de los antagonistas. Se asemeja esa actitud a los de los guerreristas que, en nombre del combate al terrorismo, masacran a la población civil, sin discriminar mujeres, niños o ancianos ajenos a los intereses en conflicto: es la sustitución del Derecho por la ley de la selva. Eso explica que algunos partidos oportunistas (el Verde Ecologista entre ellos) demanden la implantación, pero ya, de la pena de muerte.

En otro cómodo enfoque, tratando de minimizar el horrorizante fenómeno nacional, la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellanos pretendió recientemente descubrir el agua tibia, afirmando que la violencia se focaliza solamente en los estados de Baja California, Chihuahua y Sinaloa. Por simple lógica partidista, la funcionaria debiera saber que, en esas entidades, el neopanismo se gratificó bautizando a sus más aguerridos activistas como Los bárbaros del norte; que Baja California (689 asesinatos sólo en 2008) es gobernada desde 1989 -veinte años ha- por personajes emanados de su partido y que, en Chihuahua (dos mil 206 asesinatos y contando), el Cártel de Juárez entró en apogeo durante el gobierno estatal azul de Francisco Barrio Terrazas, en cuya anterior administración municipal de aquella ciudad fronteriza, se inauguró la época de los atroces feminicidios.

Sinaloa (950 asesinatos) fue tierra del ex candidato presidencial del PAN (1988), Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, implicado en los setenta del siglo pasado en investigación sobre narcotráfico por el asunto de las bodegas de El Palmito (municipio de Culiacán), de su propiedad; y es tierra, además, del ex secretario particular de Vicente Fox Quesada, el mazatleco Emilio Goicoechea Luna, exhibido fotográficamente no hace mucho en cercana compañía de algunos capos sinaloenses, a pesar de lo cual Calderón lo nombró su embajador en Canadá, donde recientemente entregó la legación mexicana. De ello se colige que, si en esos tres estados se focaliza la violencia narca, el PAN no anda rechinando de limpio.

A mayor abundamiento, el presidente Calderón ha acusado a “administraciones anteriores” de disimulo frente a la acción del crimen organizado, y más recientemente, a propósito de Fox Quesada, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont, fue más explicito al asegurar que la violencia “ya estaba desde hace muchos años”, y a pregunta expresa sobre si incluía al sexenio de Vicente Fox, dijo categóricamente que, “evidentemente hubo omisión en el sexenio pasado”. No lo mencionó el titular de la SG, pero es del dominio público que, después de su sospechosa “fuga” (enero de 2001) del penal de Puente Grande, en Jalisco gobernado por el PAN, el sinaloense Joaquín El Chapo Guzmán Loera fue conocido como El capo del sexenio. Se sabe que los primeros días de prófugo, Guzmán Loera encontró refugio en Aguascalientes, entonces gobernada por el ahora senador panista Felipe González González. Después, El Chapo sería reconocido como “turista” en la Feria de León, Guanajuato, desde Fox todavía gobernado por el PAN.

Por alguna razón “sospechosista”, la canciller mexicana excluyó a Nuevo León como violento enclave del narco, a pesar de que en los días de su declaración “los tapados” iniciaban “la toma” de la ciudad de Monterrey para exigir la salida del Ejército, operación que el gobernador priista José Natividad González Parás identificó como financiada por los cárteles de la droga (expresamente el del Golfo), no obstante lo cual los revoltosos encapuchados arrestados fueron liberados después de pagar individualmente una multa administrativa de 500 pesos, cuando el mandatario, con base en su propio dicho, debió consignar el caso a la PGR. ¿Cuál razón pudo ser esa? Es del conocimiento de las autoridades fiscales federales, desde el caso Lankenau, que la capital de Nuevo León es un centro de lavado de dinero. Casualmente, en los días del asalto de “los tapados”, numerosos regios se apersonaron en las oficinas locales del corporativo Stanford para rescatar depósitos especulativos en dólares en esa institución. Temían haber sido estafados por el texano Robert Allen Stanford, perseguido por la justicia de la Unión Americana por presunto fraude de ocho mil millones de dólares. Si el tema es grave, lo es más porque algunos medios del estado de Texas han publicado insinuaciones de que Stanford pudo estar “blanqueando” dinero del Cártel del Golfo. Una buena razón para que doña Patricia se hiciera la disimulada. Hasta ahí -el “lavado”- no llega la valiente cruzada antinarco.

Después de su aparición ante los medios, Gómez-Mont se trasladó a la convulsa Ciudad Juárez a presidir una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, pero dejó para los bronces una convicción: Hasta antes de la administración de Felipe Calderón, México vivió una “paz simulada, sin sustento”. No lo dijo él, pero la conclusión es que, roto el equilibrio catastrófico Estado-crimen organizado, ahora el país vive una barbarie real, sin solución de continuidad, que, por los saldos sangrientos, es más indeseable que una paz “sin sustento”, criterio que vale para toda la problemática social que asuela a la Nación. ¿Los bárbaros del norte querían chihuahuizar todo México? Lo lograron con creces.