TSA: nepotismo y dispendio
| Autor: Érika Ramírez | Sección: General |
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Trece familias emparentadas con magistrados, directores y jefes de unidad del Tribunal Superior Agrario son las principales beneficiarias del gasto corriente del órgano judicial. Las relaciones familiares representan un cargo al erario superior a los 23 millones de pesos al año. Además, los mismos mandos tienen autorizados autos de “lujo” para “apoyar las labores inherentes a su cargo”.
Trece familias emparentadas con magistrados, directores y jefes de unidad del Tribunal Superior Agrario son las principales beneficiarias del gasto corriente del órgano judicial. Las relaciones familiares representan un cargo al erario superior a los 23 millones de pesos al año. Además, los mismos mandos tienen autorizados autos de “lujo” para “apoyar las labores inherentes a su cargo”.
Magistrados, directores generales y jefes de unidad del Tribunal Superior Agrario (TSA) privilegian a sus familiares en el otorgamiento de cargos públicos dentro del organismo judicial, lo que contravendría la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Los puestos asignados por relaciones consanguíneas cuestan al erario 23 millones 290 mil 885 pesos anuales.
De acuerdo con el Directorio de los Servidores Públicos de los Tribunales Agrarios, por lo menos 13 funcionarios han beneficiado a sus familiares directos. El “nepotismo” al interior de este “órgano autónomo” significa el gasto de 1 millón 940 mil 885 pesos mensuales en salarios. Además, se les otorga, a cada uno, seguro de gastos médicos, seguridad social y prestaciones económicas como: prima vacacional, aguinaldo, ayudas de despensa, entre otras.
La lista la encabeza el magistrado presidente Jorge Ricardo García Villalobos Gálvez, quien mantiene a su sobrino José Antonio García Villalobos Bilbao en la nómina del órgano judicial, bajo el cargo de secretario de estudio y cuenta. El primero tiene una remuneración mensual de 199 mil 668 pesos, mientras el segundo recibe 39 mil 909 pesos en el mismo lapso de tiempo, según marca el Tabulador de Percepciones del gobierno federal que rige a todas las instituciones del país.
Ricardo García Villalobos ha desempeñado diversos cargos directivos en el Partido Revolucionario Institucional. Ha sido asesor jurídico de la Confederación Nacional Campesina, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación y subprocurador general de Justicia del Distrito Federal, entre otros.
Otros cinco magistrados privilegian a sus hermanos, sobrinos e hijos. El artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos indica, en su fracción XI, que todo funcionario debe “excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.
En el mismo directorio aparecen los hermanos López Escutia: Luis Ángel (magistrado numerario) y José Antonio (jefe de la Unidad de Publicaciones). Ambos representan un gasto para el TSA de 229 mil 853 pesos cada 30 días.
La Evaluación de las actividades institucionales de los tribunales agrarios –elaborada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a partir del 20 de agosto de 2007– hace observaciones de por lo menos 20 unidades no reglamentadas en el Manual de organización del TSA.
El máximo órgano de fiscalización del país destaca en su Informe de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2006 la creación de áreas para ser ocupadas por los secretarios particulares del magistrado presidente, de los magistrados numerarios, del magistrado supernumerario, del secretario general de Acuerdos, del director general de Asuntos Jurídicos; la Coordinación de Asesores, la Coordinación de Enlace Interinstitucional; secretaria privada; dos subdirecciones; 37 departamentos y 53 unidades administrativas (Contralínea 121).
Luis Octavio Porte Petit Moreno –quien percibe 189 mil 944 pesos como magistrado numerario– aparece en la relación de funcionarios al igual que su hermano Adalberto Jorge Porte Petit Moreno y su sobrino Jorge Porte Petit González. El cargo que ostenta el hermano del magistrado es el de subdirector de área, con un salario de 25 mil 254 pesos; mientras que su sobrino percibe 17 mil 46 pesos como jefe de Proyectos Especiales.
Luis Octavio Porte Petit Moreno tiene entre sus antecedentes laborales la Dirección General de Averiguaciones Previas en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Secretaría General de Gobierno de Veracruz y, previo a asumir el cargo en el TSA, se desempeñó como subprocurador de la república en los tiempos de Ignacio Morales Lechuga al frente de la procuración de justicia.
Bajo el cargo de magistrada numeraria de Tribunal Unitario, Josefina Lastiri Villanueva obtiene 119 mil 670 pesos mensuales.
La encargada de revisar miles de expedientes en el rezago agrario al inicio del TSA (en 1992) tiene parentesco con la secretaria de Estudio y Cuenta, Claudia Martínez Lastiri (sobrina), quien percibe 47 mil 973 pesos cada mes.
Otra pareja de servidores emparentados es la de José y Jesús López Zamora. El primero es magistrado numerario de Tribunal Unitario, con una asignación de 119 mil 670 pesos mensuales.
Su hermano Jesús es jefe de la Unidad Administrativa y recibe 17 mil 46 pesos al mes.
También, al interior del TSA se mantiene la relación padre e hijo de Enrique García Burgos, magistrado unitario supernumerario, quien es remunerado con 119 mil 670 pesos, y Enrique García Serrano, secretario de Estudio y Cuenta, con 47 mil 973 pesos mensuales.
Los directivos
Siguiendo el ejemplo de los primeros mandos del TSA, los directores y jefes de área del Tribunal Agrario también mantienen a sus familiares de primer grado en la nómina de la institución.
Tal es el caso del director general de Asuntos Jurídicos, Ernesto Jiménez Navarrete, y su hijo, secretario particular del magistrado presidente, Luis Jiménez Guzmán. El encargado de dar cumplimiento a las ejecutorias en los conflictos por tierras percibe 119 mil 670 pesos. Mientras, el brazo derecho de Ricardo García Villalobos obtiene 47 mil 973 pesos al mes.
Jaime Díaz Morales, director general de Recursos Financieros (con 115 mil 588 pesos de remuneración), también mantiene a su hijo Fernando Díaz Santamaría en el TSA. Este último se desempeña como subdirector de área, gana 32 mil 820 pesos al mes.
Las primas Cristina Gómez Pruneda y Dolores Pruneda y Bermúdez ocupan los cargos de directora general de Recursos Materiales y subdirectora de área, respectivamente. Las funcionarias obtienen salarios por 115 mil 588 pesos y 25 mil 254 pesos al mes.
Los apellidos Amante Nápoles, Zazueta Hernández y Lazcano Álvarez también figuran en la lista de las 13 familias del Tribunal Superior Agrario.
Andrea Amante Nápoles es secretaria de Estudio y Cuenta, gana 39 mil 909 pesos y es hermana de la secretaria de Acuerdos, Elizabeth, quien opera al interior del TSA por 47 mil 973 pesos mensuales. Elizabeth y Gabriela Zazueta Hernández aparecen en el directorio del tribunal como jefas de Unidad Administrativa.
Perciben un salario de 17 mil 46 pesos cada una. José Luis y Raúl Lazcano Álvarez son actuario ejecutor y jefe de departamento, respectivamente, y cuentan con una percepción de 25 mil 254 pesos y 22 mil 153 pesos.
Hasta el cierre de la auditoría elaborada por la ASF, ninguna de las áreas observadas estaba registrada en el Manual de organización, en incumplimiento al artículo 32 del Reglamento interior de los tribunales agrarios, que señala como obligación de la Oficialía Mayor “formular los anteproyectos de manuales de organización, procedimientos y operación de los tribunales agrarios, y someterlos a la consideración del presidente”.
Dispendio de recursos
Además del nepotismo que prevalecería en el TSA habrían dispendios materiales. Fuentes del órgano judicial –que solicitaron la reserva de su nombre, por temor a represalias– entregaron a Contralínea copia de los oficios que autorizan la asignación de automóviles de “lujo” a los magistrados y directores generales.
Los funcionarios aseguran que, mientras la Auditoría Superior de la Federación hace observaciones de “ineficacia” en el órgano de justicia, los magistrados utilizan los recursos públicos en autos para uso personal y de sus familiares.
De septiembre de 2007 a enero de 2008, Alberto Rébora González, oficial mayor de la dependencia, asignó 15 automóviles a los altos mandos del Tribunal Superior Agrario. El cálculo comercial de todos ellos, de acuerdo con diversos portales de internet, podría ser de 4 millones 96 mil 100 pesos.
Entre los modelos más destacados está el del magistrado presidente Ricardo García Villalobos, quien el 7 de diciembre de 2007 obtuvo un auto Mazda, modelo CX-7 Sport 2WD 2008. El mismo está cotizado en el portal SoloAutos en 351 mil 700 pesos.
Los magistrados Marco Vinicio Martínez Guerrero, Luis Ángel López Escutia, Carmen Laura López Almaraz, Rodolfo Veloz Bañuelos y Luis Octavio Porte Petit Moreno recibieron un Nissan Altima 2007, cotizado en 220 mil pesos aproximadamente.
Otros magistrados: Luis Hernández Palacios, Alfonso Galindo Becerra, Armando Alfaro Monroy, Enrique García Burgos, Luisa Ramírez Romero obtuvieron los modelos Nissan Sentra 2008, valuados en 202 mil 500 pesos cada uno.
El mismo tipo de auto les fue entregado a Humberto Jesús Quintana Miranda, secretario general de Acuerdos; al propio Alberto Rébora González, oficial mayor, y a los directores Ernesto Jiménez Navarrete, de Asuntos Jurídicos; Thelma Vera Jiménez, de Recursos Humanos, e Irma Cristina Gómez Pruneda, de Recursos Materiales.
Carlos Barri González, director de Servicios Materiales, aparece en cuatro de los registros de la Oficialía Mayor del TSA, con los modelos Nissan Sentra 2002, de valor aproximado 54 mil 900 pesos; Nissan Tsuru 2008, por 98 mil pesos; Nissan Tsuru 2002, por 50 mil pesos, y un Nissan Altima 2002, con un costo promedio de 90 mil pesos.
El magistrado Luis Octavio Porte Petit, además del Altima 2007, obtuvo la autorización de un Nissan Tsuru GSII 2008, con valor de 98 mil pesos. Lo mismo hizo la directora general de Recursos Humanos, Thelma Vera Jiménez.
Se solicitó la versión oficial de los integrantes del Tribunal Superior Agrario, a través de Luis Jiménez Guzmán, secretario particular del magistrado presidente, respecto de los actos de supuesto nepotismo y dispendio en la institución, sin que hasta el cierre de la edición se haya obtenido respuesta.
Acerca de las observaciones hechas por la ASF, de que el TSA mantiene una burocracia que no está registrada de acuerdo con su Manual de organización, el magistrado presidente aseguró en entrevista que todos los cargos estaban orden y conforme al reglamento (Contralínea 121).
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