Hildebrando SA de CV: las nuevas mañas

Hildebrando S.A. de C.V, empresa del hermano de Margarita Zavala incumplió un contrato con el Congreso de Guanajuato que podría llevar al terreno judicial un litigio para recuperar el anticipo que se le entregó a la compañía y obligarla al pago de daños por más de 2 millones de pesos

Verónica Espinosa/ Proceso


GUANAJUATO, Gto., 4 DE ABRIL /Tres años después de que fue contratada por el Congreso del Estado para instalar un sistema de planeación de recursos gubernamentales, la empresa Hildebrando S.A. de C.V. no sólo arrastra el incumplimiento de dicho contrato, sino que se niega a devolver un anticipo que recibió.

La compañía especializada en software –de la que es socio el cuñado de Felipe Calderón, Diego Hildebrando Zavala Gómez del Campo– ha alargado un proceso administrativo y legal iniciado en el legislativo para requerir el pago de daños y perjuicios, que ya rebasa los 2 millones de pesos.

Representantes de la empresa achacan el incumplimiento al escándalo y las suspicacias desatadas durante la campaña presidencial de 2006 alrededor de la compañía del hermano de Diego Hildebrando, la cual obtuvo contratos hasta con el Instituto Federal Electoral.

Los propietarios de la empresa decidieron formar una nueva sociedad y dejar fuera, por lo menos en el membrete, el nombre de Diego Hildebrando, sostuvo una fuente de la administración pública estatal.

Los antecedentes de crecimiento escandaloso de la compañía, particularmente durante el sexenio de Vicente Fox (Proceso 1545), la siguen persiguiendo, al punto de que ahora debe finiquitar asuntos como el largo litigio administrativo que sostiene con el Congreso de Guanajuato, que podría irse a la vía judicial.

“Entregaron un sistema que nunca operó de acuerdo con las especificaciones solicitadas en el concurso en el que participaron” en la Legislatura anterior, asegura a Proceso el secretario general del Congreso, Arturo Navarro, y destaca que la empresa tampoco mostró disposición para atender los numerosos llamados y oportunidades que se le hicieron para resolver las carencias técnicas del sistema, que sencillamente no funcionó.


Hildebrando: el desastre



“Los de la política son mis hermanos Margarita y Nacho. Lo que yo puedo dejar claro es que si mi empresa hace algo mal, ilegal, y de casualidad me cachan, jamás me vuelven a comprar algo. Perdemos prestigio y eso es suicidarse. Hoy por hoy, somos la segunda empresa en México de software y no podemos arriesgar”, dijo Hildebrando Zavala Gómez del Campo a Proceso en junio de 2006 (edición 1545).

Faltaban unos cuantos días para la elección presidencial y la empresa de software, de la que Hildebrando Zavala fue uno de los fundadores con una participación inicial de 10%, se encontraba envuelta en el escándalo luego de la denuncia hecha por Andrés Manuel López Obrador en el segundo debate de los candidatos a la Presidencia: familiares políticos de Felipe Calderón catapultaron estos negocios al amparo del parentesco.

La coalición Por el Bien de Todos, que postuló a López Obrador, documentó que Hildebrando S.A. de C.V. compró en 2003 la compañía Meta Data y de esta manera pudo introducirse por una vía alterna a las licitaciones y compras en el gobierno federal. Su despegue fue espectacular a partir de que Felipe Calderón fue nombrado secretario de Energía por el entonces presidente Vicente Fox.

López Obrador exhibió 10 adjudicaciones directas de Pemex otorgadas el 7 de noviembre del 2003 por un monto cercano al millón 300 mil pesos, así como otros dos contratos por más de 2 millones de pesos con el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Diego Hildebrando Zavala replicó que no estaba legalmente impedido para vender sus servicios al gobierno y que “nadie creía que Felipe Calderón ganara la candidatura”. Y siguió buscando contratos en la administración pública, como lo hizo con el gobierno priista de Monterrey y en entidades panistas, entre ellas Guanajuato.

Aquí participó en la licitación pública nacional 02/2005, a cargo del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Poder Legislativo, para la instalación de un Sistema Integral de Información.

“El sistema tendrá que ser una solución integral basada en tecnología de vanguardia, segura y amigable dentro de un ambiente 100% compatible con web, que cubrirá las necesidades del Poder Legislativo del estado de Guanajuato con un tiempo mínimo de implementación, a través de un GRP o Planeación de Recursos Gubernamentales, específicamente desarrollado para satisfacer de manera integral las necesidades de la administración de recursos e información de este órgano”, fueron algunas de las principales especificaciones de la licitación, copia de la cual fue proporcionada a Proceso por la Secretaría General del Congreso.

La empresa ganadora debía implementar una serie de módulos para el manejo de la contabilidad general, el presupuesto y control de egresos, los pagos, la nómina, recursos humanos (estatuto civil de carrera) y administración de personal, el control patrimonial de los funcionarios obligados, las adquisiciones y administración de proveedores, entre otros, que operarían tanto en el Órgano Superior de Fiscalización como en el propio Congreso.

El 8 de febrero del 2006, el Comité de Adquisiciones otorgó el contrato a Hildebrando, S.A. de C.V., el cual fue celebrado el 22 de ese mes por la LIX Legislatura, representada por presidente del Congreso, Gabino Carbajo Zúñiga, y los diputados Lorena Alfaro García, María Guadalupe Pérez González, Carlos Ruiz Velatti, José Huerta Aboytes y Baldomero Ramírez Escamilla.

La empresa fue representada por Javier Pastrana Tamez, facultado como apoderado legal por Diego Hildebrando Zavala Gómez del Campo, y Luis Ignacio Solórzano Aizpuru, señalando como domicilio la Avenida Paseo de la Reforma 295, décimo piso, en la Ciudad de México.

El monto del contrato ascendió a 3 millones 198 mil 569 pesos, IVA incluido. El Congreso entregó un anticipo de 960 mil pesos, equivalente al 30% del total, “para su estricta aplicación en el desarrollo de los servicios y adquisición de bienes materia del presente contrato”.

Cuatro meses después los alcanzó el escándalo: el PRD de Guanajuato expuso los servicios contratados por el Congreso a la empresa del cuñado de Calderón, que se sumaron a las denuncias de López Obrador, pero fue ignorado por una Legislatura local que contaba con mayoría absoluta del Partido Acción Nacional.

Por el contrario, Hildebrando fue favorecido con dos ampliaciones del contrato inicial, el cual determinaba que los sistemas debían quedar entregados en su totalidad el 27 de agosto de 2006.

El 9 de junio de ese año, el Congreso y la empresa celebraron un convenio modificatorio que extendió el plazo hasta el 27 de febrero de 2007. La justificación fue “que de conformidad con el diagnóstico realizado por el proveedor, se observó que se trataba de dos instalaciones e implementaciones diferentes del Sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales, una para el Congreso y otra para el Órgano de Fiscalización Superior, en dos lugares distintos, y cada una con sus propios requerimientos”.

Sin embargo, ambas especificaciones estaban previstas en el contrato inicial.

El 30 de enero de 2007, unas semanas antes de que venciera el nuevo plazo, el Congreso concedió una nueva prórroga a Hildebrando por otros seis meses, hasta el 27 de agosto de ese año. La excusa fue que el Órgano Superior de Fiscalización solicitó la suspensión de las actividades del proyecto “debido a los periodos vacacionales de su personal”, mientras que el Congreso pidió lo mismo porque debía preparar el anteproyecto de presupuesto 2007 y calcular el pago de prestaciones de fin de año del personal del Poder Legislativo.

Ambos convenios modificatorios, en poder de Proceso, fueron firmados por el secretario general del Congreso, Arturo Navarro, como representante legal, y por el apoderado de Hildebrando, Javier Pastrana Tamez.

Ni siquiera en esas condiciones cumplió Hildebrando, explica en entrevista el propio Arturo Navarro:

“Debíamos tener un sistema integral, compuesto por varios módulos administrativos, que nunca funcionó como se requería, particularmente el destinado al manejo de la nómina, el más grande. Y luego empezaron a fallar en las fechas en que quedaban de venir a revisarlos, y a presentarnos argumentos que no fueron satisfactorios para el Congreso”.

Por su parte, el coordinador jurídico del Congreso, César Medina, refirió que, “en términos generales, Hildebrando no cumplió con las bases del concurso”. Es decir, “no es posible” el uso del sistema “en las condiciones en que fue adjudicado”.

Ya en la presente Legislatura, en la que ocupa el mismo cargo de secretario general, Navarro corroboró en las áreas de la Coordinación General de Administración y Dirección de Tecnologías de la Información la disfuncionalidad del software instalado por Hildebrando que obligó al Congreso a seguir usando el sistema anterior y a desarrollar internamente otro para subsanar las fallas.

Navarro recomendó a la Comisión de Administración rescindir el contrato y los convenios modificatorios a Hildebrando, y le hicieron caso: el 24 de octubre, mediante el oficio SG/LX-LEG/279/2008, el Congreso inició el proceso administrativo correspondiente.

Un funcionario del Congreso contó a Proceso que representantes de la empresa argumentaron que el escándalo político desatado durante la campaña presidencial los había perjudicado.

“El cuñado incómodo no es Hildebrando Zavala, es Felipe Calderón”, les comentó uno de los empleados del cuñado del presidente.

Casi cinco meses después de haber notificado la rescisión, Hildebrando no había devuelto el anticipo que recibió. Por eso, el pasado 11 de marzo, dentro del procedimiento administrativo a cargo de la Contraloría interna, se determinó procedente requerir a la empresa no sólo la devolución de los 959 mil 570 pesos del anticipo, sino un millón 379 mil 557 pesos adicionales por sanción contractual.

Sin embargo, José Luis Neri Becerril, nuevo apoderado de Hildebrando, interpuso un recurso de inconformidad ante la Contraloría interna el martes 31, según informó el coordinador jurídico del Congreso, César Medina.

Hildebrando pretende al mismo tiempo llevar un proceso de conciliación con el Congreso. Corresponde a la Comisión de Administración decidir si lo acepta o no, y ésta no sesionará sino hasta pasadas las vacaciones de Semana Santa y pascua.

Para el secretario Arturo Navarro, “es difícil que a estas alturas exista la disposición de llegar a un acuerdo; no veo condiciones, no veo cómo se puede cuantificar lo que entregaron y aceptar eso como parte de lo convenido, si se trataba de un sistema integral que no operó. Y con todo lo que pasó después, no vemos ninguna garantía” de parte de Hildebrando.

“A reserva de lo que determinen los diputados, creo que se debe ir por el camino jurídico: regresan el dinero o llevamos esto hasta una resolución judicial.”