En la lucha contra el crimen organizado, cada quién jala por su lado

Por RICARDO RAVELO


MÉXICO (Apro).— A 20 meses de que el presidente Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, las diferencias en el Gabinete de Seguridad Nacional se exacerbaron debido a que la violencia sigue creciendo, los secuestros se multiplican en varias entidades y las fuerzas federales arrastran viejos vicios, como falta de estrategias y de coordinación.

Sometidos a la improvisación operativa, los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de la República, Genaro García Luna y Eduardo Medina Mora, evidenciaron sus pugnas el miércoles 30 al acusarse mutuamente, durante una reunión del Gabinete de Seguridad, del incremento de la delincuencia en el país.

Ante el fuerte aumento de ejecuciones de militares y policías federales, las diferencias entre ambos funcionarios no pudieron ya disimularse, pues sólo en lo que va del sexenio han sido asesinados 58 militares de distintos rangos, entre ellos cuatro jefes, 13 oficiales y 41 elementos de tropa, según cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) obtenidas mediante solicitud de información.
Así mismo, de 2006 a la fecha, la Secretaría de Seguridad Pública Federal registra 90 muertes de agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP), 40 de ellas en lo que va de 2008, aunque la dependencia no especifica las causas y sólo las registra como “defunciones”.

Desde el inicio del sexenio, los programas y políticas para combatir el crimen se han mantenido estancados por la ausencia de un “árbitro que dirija la orquesta”, pero la semana pasada las diferencias institucionales se tradujeron en acusaciones y choques entre García Luna y Medina Mora.
El miércoles 30, durante una reunión del Gabinete de Seguridad, ambos funcionarios se trenzaron en una fuerte discusión que alcanzó tonos ríspidos al tocar sus incapacidades, su falta de confianza o de coordinación para enfrentar la ola de secuestros que aqueja al país.


Lo cierto es que García Luna y Medina Mora llevan siete años y ocho meses al frente de las tareas de seguridad sin superar sus diferencias. Durante el gobierno de Vicente Fox, el primero fue director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), y el segundo fungió como director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y como secretario de Seguridad Pública.

Luego de que en este sexenio se han reportado cerca de 4 mil ejecuciones –la mayoría relacionadas con el narcotráfico–, de las cuales más de 500 corresponden a elementos de las fuerzas federales entre policías, militares y marinos, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, expresó sus reclamos por el incremento de los secuestros, y se
tomó la decisión de remover a un funcionario clave de la PGR: Noé Ramírez Mandujano, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), quien presentó su renuncia horas después de terminada la reunión del Gabinete de Seguridad.

Según fuentes consultadas dentro y fuera de la PGR, Noé Ramírez fue criticado por su ineficacia al frente de la SIEDO, por lo que el funcionario decidió dimitir luego de que él y otros subprocuradores que presuntamente van a salir de la institución sostuvieron una reunión con el procurador Medina Mora en la que se acordó reforzar algunas áreas de la PGR, precisamente por la falta de resultados.

Durante el sexenio foxista, Ramírez Mandujano trabajó al lado de José Luis Santiago Vasconcelos. Era fiscal antisecuestros. Tras salir Vasconcelos de la SIEDO, éste pasó a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, en tanto que Ramírez Mandujano fue designado titular de la SIEDO, cargo en el que sólo permaneció 20 meses.

Su lugar es ocupado provisionalmente por Marisela Morales, quien durante el gobierno anterior trabajó en la PGR al lado de la subprocuradora María de la Luz Lima Malvado –aquella que revivió el caso Posadas y se confrontó con Jorge Carpizo cuando el exprocurador cuestionò la tesis del complot– y a quien se considera identificada con el exprocurador Rafael Macedo de la Concha.

De acuerdo con una nota publicada el jueves 31 por La Jornada, Ramírez Mandujano no será el único funcionario removido. Existen otros subprocuradores que podrían dejar sus cargos en estos días como parte del “saneamiento” institucional que ordenó Medina Mora.

Ellos son Felipe de Jesús Muñoz, quien funge como subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales; Víctor Manuel Corzo Cabañas, titular de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo; y, de acuerdo con fuentes internas de la PGR, estarían pendientes de ser confirmados o removidos José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, y Juan de Dios Castro Lozano, subprocurador de Derechos Humanos, exdiputado federal y asesor de la Presidencia de la República durante el gobierno de Vicente Fox.

Hambre de poder

De acuerdo con Edgardo Buscaglia, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), los problemas entre la PGR y la SSP salieron a la superficie debido a que la dependencia encabezada por García Luna “pretende concentrar mayor poder” y esto deja al margen la función del fiscal y provoca “un cortocircuito”.

Buscaglia, quien ha estudiado el fenómeno criminal en varios países, señala que el problema entre García Luna y Medina Mora “es la falta de coordinación institucional y de relaciones entre ambas dependencias, la PGR y la SSP, porque las dos instituciones trabajan con modelos incompatibles”.

Explica: “Por una parte, la SSP propone un modelo de policía que tenga autonomía técnica y que esté unificada. Esto agiganta el poder de la SSP y cae en un esquema fallido que han desechado los países avanzados, como Alemania, Francia o Italia, y que sólo está vigente en naciones atrasadas como Nicaragua o regiones de África.

“Sólo en estas regiones hay policías sin fiscales y sin controles jurídicos, como lo que pretende imponerse en Seguridad Pública. Y lo que puedo decir es que, con base en lo que propone, es evidente que la Secretaría de Seguridad Pública quiere tener más poder institucional. Esto sólo llevará a la dependencia a un mayor descontrol de su policía y a engendrar más corrupción.”
Peor aún, “el cortocircuito con la PGR se repite no sólo en reuniones de Gabinete, sino en la realidad, debido a que la PGR busca una política más integral, una dirección operativa de las investigaciones, pero a cada momento se topa con la disonancia de la SSP”, cuyo titular busca poderío con la unificación.

–Más allá de las diferencias entre Medina Mora y García Luna, ¿cuál es el fondo de esta pugna? –se pregunta al especialista del ITAM.

–La pugna es de poder entre instituciones. Con todo el poder que pretende concentrar la SSP, queda casi anulada la tarea del fiscal, que es el que debe estar al frente de las investigaciones, y todos los demás actores –Seguridad Pública, Marina, Ejército– deben trabajar hombro con hombro con la PGR. Pero la SSP le resta poder y capacidad de maniobra a la PGR, y esto ha conducido al desastre.

Buscaglia no sólo observa que el aparato de seguridad del gobierno de Felipe Calderón es disfuncional, sino que las medidas tomadas, como la renuncia de Noé Ramírez Mandujano (y probablemente la de otros altos funcionarios de la PGR), no resuelven el problema de fondo, pues explica:
“Lo grave es que con las renuncias no se tocan las causas del problema. Si las renuncias fueran una solución, pues entonces se tendrían que ir todos, el procurador, el secretario de Seguridad Pública, y sanear a todas las instituciones aplicando un proyecto integral en el que haya una verdadera coordinación y no modelos incompatibles.”
Aunque los siete cárteles que operan en México no han salido bien librados en la guerra que les declararon, su capacidad de fuego y de reacción ha golpeado severamente a las estructuras policiacas y militares, a juicio de Buscaglia, porque “todo el aparato de seguridad trabaja sin coordinación”.

Mientras que el procurador Medina Mora declaró recientemente que el número de policías federales, militares y marinos asesinados es superior a los 500, la Sedena reportó –con base en la solicitud de información del 11 de julio, folio 0000700080308– que, de diciembre de 2006 al 12 de junio de 2008, han sido asesinados 58 militares (cuatro jefes, 13 oficiales y 41 elementos de tropa).

Y pese a que el número de policías federales ejecutados se multiplica, la SSP carece de una estadística al respecto. Ante la solicitud de información 0413100033008, la SSP no entra en detalles sobre las bajas sufridas en lo que va del sexenio, pero responde que, con base en un documento titulado Bajas por defunción de policías federales del 2000 al 18 de junio de 2008, en ese período han muerto 215 agentes federales. El año 2006 y lo que va del 2008 han sido las etapas más críticas, cuando se han producido 34 y 40 muertes, respectivamente, aunque no se especifican las causas.

En cuanto al número de policías estatales y municipales asesinados en diversos estados del país, la SSP respondió que dicha información no corresponde al ámbito de su competencia y sugiere dirigir las solicitudes a las instancias estatales y municipales.

A su vez, el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) registra 653 asesinatos de policías de enero de 1998 a diciembre de 2007. Los años más trágicos han sido: 2001 (79 crímenes), 2002 (89), 2003 (119) y 2004 (102), 2006 (71) y 2007 (48).

De las 653 muertes registradas entre 1998 y 2007, las corporaciones policiacas más golpeadas por el crimen organizado han sido la Policía Preventiva, con 296 ejecuciones, y la Policía Ministerial, con 158 bajas, y la AFI, con 70.

Según las cifras del SNSP, los estados donde más muertes de policías se han presentado son el Distrito Federal (70), Baja California (64), Chihuahua (61) y Sinaloa (47).