Llama alcalde de Santa Cruz a militares a derrocar al presidente Evo Morales
■ La ONU pide asegurar un “clima pacífico” durante la consulta del domingo en Bolivia
■ Denuncia el gobierno los afanes derechistas de sabotear el referendo revocatorio de autoridades
■ La derecha y EU, detrás de “intentos de golpe de Estado”, afirma el premio Nobel Pérez Esquivel
La Paz, 8 de agosto. El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, denunció ante los embajadores acreditados en el país que grupos antidemocráticos realizan acciones violentas con la intención de sabotear y empañar el referendo autonómico del próximo domingo.
Por su parte, el alcalde derechista de la ciudad de Santa Cruz, Percy Fernández, pidió a las fuerzas armadas de Bolivia “tumbar” (derrocar) al presidente Evo Morales, “porque todavía no ha aprendido a gobernar”, llamado que según la radio Erbol ocurrió el jueves anterior durante un acto multitudinario en que estuvo acompañado de líderes cívicos y fue respaldado por otros prefectos regionales.
En reunión con los diplomáticos, Choquehuanca mencionó entre esas acciones la huelga de hambre de los comités cívicos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija, los disparos contra el automóvil del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, las amenazas para que impedir que el presidente Morales presentara su informe en Sucre, y otras acciones.
La denuncia del canciller fue hecha mientras que desde Nueva York el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, en un mensaje sobre el referendo revocatorio de autoridades, hizo un llamado a todos los actores políticos y sociales de Bolivia, “de modo que aseguren un clima pacífico a lo largo de todo el proceso electoral y el periodo subsiguiente”.
Asimismo reafirmó el compromiso de la ONU de trabajar con el gobierno y la sociedad de Bolivia en su conjunto, con el fin de generar un ambiente de tolerancia, respeto y diálogo en el país.
Por su parte, en una carta al pueblo boliviano, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel denunció “los intentos de golpe de Estado de los sectores del poder económico boliviano encabezados por el alcalde cruceño Percy Fernández y la embajada de Estados Unidos en Bolivia, que pretenden continuar sometiendo al pueblo para defender sus intereses económicos y políticos”.
El dirigente humanitario llamó al pueblo boliviano a estar unido, hoy más que nunca, en la defensa de la democracia, en el derecho a la soberanía nacional y en apoyo al gobierno de Morales, “más allá de las diferencias que puedan tener algunos sectores”.
Agregó Pérez Esquivel: “Hoy la lucha es de todos y todas, y lo que resuelvan en esta etapa de resistencia marcará el pulso y camino en América Latina hacia la liberación y la soberanía o hacia el oscurantismo y la dominación para ser esclavizados por los poderes del neoliberalismo”.
De su lado, el presidente de la Corte Nacional Electoral, José Luis Exeni, aseveró que ya todo está listo para la realización del citado referendo autonómico, en el que estarán en juego los cargos del presidente de la república, el vicepresidente y ocho de los nueve prefectos del país.
Afirmó el funcionario que existen “reglas claras y justas” y un padrón “confiable” para que los bolivianos puedan emitir con confianza su voto el próximo domingo. Respecto de los ciudadanos que están en huelga de hambre, comentó que será decisión de ellos acudir o no a votar.
Informó que más de 3 mil 500 observadores electorales verificarán el desarrollo del proceso comicial y añadió que entre ellos hay por lo menos 300 extranjeros.
Al respecto, la embajada de México en Bolivia informó que la madrugada de este sábado arriba al país la delegación de observadores mexicanos; cuatro son del Partido Revolucionario Institucional, entre ellos el senador Heladio Ramírez y la ex dirigente nacional Dulce María Sauri Riancho, y cinco del Partido de la Revolución Democrática, entre ellos la senadora Yeidckol Polevnsky, el senador Carlos Sotelo García y los dirigentes Saúl Escobar y Gerardo Fernández Noroña.
En Tarija, mientras tanto, se cumplió a medias el paro de 24 horas convocado por los derechistas cívicos del departamento para reforzar la huelga de hambre en reclamo de la devolución de parte de los ingresos regionales por la importación de gas, que fueron utilizados por el gobierno de Evo Morales para entregar un bono alimentario a los ancianos.
La acción de protesta sólo fue acatada en la capital, pero no en las provincias, reportó la cadena radiofónica Erbol.
Respecto de las movilizaciones que durante dos semanas ha realizado la Central Obrera Boliviana (COB) por la aprobación de una nueva ley de pensiones, hoy continuó el bloqueo en la ciudad de Sucre, si bien por la tarde se informó que en las negociaciones que sostenían los líderes y el gobierno se llegó a un “preacuerdo” para superar la crisis, que será llevado a las bases para su consulta.
El ministro de Trabajo, Walter Delgadillo, informó que el preacuerdo consta de tres puntos. El primero “se refiere a los avances esenciales en relación a la nueva Ley de Pensiones”, un segundo punto a la “continuidad del proceso de construcción de una nueva legislación” y el tercero que expresa la “voluntad de llegar de forma definitiva a suspender las medidas de presión y consensuar un escenario de diálogo”.
La COB decidió dar una tregua a sus movilizaciones por la nueva ley de pensiones hasta el próximo día 12, cuando se llevará a cabo una reunión de carácter nacional en el local sindical del centro minero de Huanuni.
México SA
■ Bolivia, intentona golpista
■ Evo, a referendo
En el medallero mundial de la inestabilidad política, Bolivia ocupó el indiscutible primer lugar durante un larguísimo periodo. Su récord insuperable indica que en 157 años de vida independiente (1825-1982) acumuló la friolera de 200 golpes de Estado, a razón promedio de uno cada nueve meses y medio.
Veintiséis años de vida democrática, instaurada a finales de 1982, aparentemente enterraron esa execrable práctica y permitieron bajar a Bolivia del nada envidiable podium golpista. En ese periodo ningún presidente de la república logró obtener una votación tan holgada y un apoyo popular tan decidido como la alcanzada por Evo Morales (casi 54 por ciento de los sufragios) en las elecciones del 18 de diciembre de 2005.
De hecho, la democracia boliviana salió tan resultona que sus usufructuarios se dieron el lujo de llevar a la presidencia de la república, por medio de las urnas (1997), a uno de sus más sanguinarios dictadores, el narcotraficante Hugo Banzer, quien en 1971 encabezó un golpe de Estado, apoyado por la Casa Blanca, en contra del gobierno de Juan José Torres. Felizmente, este sátrapa dejó el cargo antes de concluir su mandato constitucional. Hasta ese tipo de excesos se ha permitido la democracia boliviana.
Pues bien, en plena celebración del 183 aniversario de su independencia y tras 26 años de vida democrática, con todo y sus bemoles, Bolivia está en peligro de registrar el golpe de Estado número 201 en su historia, y se fragua en contra del personaje que obtuvo el mayor porcentaje de votación y mantiene la más elevada aceptación popular, o lo que es lo mismo, en contra de Evo Morales.
Y justo ahora que por fin una nación eminentemente indígena tiene un gobernante indígena, la oligarquía boliviana –con los mismos “guiños” que la Casa Blanca hizo a los golpistas militares– “invierte” y empuja en contra de Evo, y a favor de un golpe de Estado. Cínicamente ya lo advirtió una de las cabezas visibles del complot golpista: “las fuerzas armadas deberían tumbar ya al gobierno nacional”.
El autor de tan democrática petición es Percy Fernández, alcalde de la ciudad de Santa Cruz, capital del departamento del mismo nombre, cuna del movimiento anti-Evo y sede de la oligarquía secesionista y abiertamente golpista, la misma que promovió el referendo revocatorio, a realizarse mañana, y la primera en echarse para atrás cuando se dio cuenta que por esa vía la derrota sería rotunda.
Mañana domingo los bolivianos en edad de votar (poco más de 4 millones) han sido convocados para decidir en las urnas si Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera mantienen su puestos o dejan el Palacio Quemado, la sede del gobierno. Al mismo tiempo, la misma suerte está echada para ocho de los nueve prefectos (una suerte de gobernadores) en el país. La pregunta es si están de acuerdo o no con “la continuidad del proceso de cambio” del presidente de la república y de García Linera, y si se quedan o se van los ochos prefectos.
Evo ha hecho un llamado a “no boicotear ni sabotear el referéndum revocatorio donde el pueblo decidirá con su voto que autoridad presta un servicio al pueblo boliviano y quienes no”. La oligarquía de aquel país ya no sabe cómo desfacer el entuerto por ella provocado, y ahora llama no a la votación, sino al golpe de Estado.
Esa misma oligarquía también está empeñada en crear, por medio del secesionismo, “la segunda república”, una “patria particular” en la que estarían involucradas cuatro prefecturas, las integrantes de la llamada “media luna” (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando), que significan el 65 por ciento del producto interno bruto boliviano. Su plan es sencillo: para ellos la riqueza de Bolivia, y para ésta, “la primera república”, la miseria de sus habitantes.
Es la misma oligarquía que exige “excluir al gobierno de Evo Morales de la administración de la industria de los hidrocarburos, porque en materia de recursos naturales no renovables corresponde al gobierno departamental (a los prefectos) la potestad de desarrollo legislativo, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva”. En síntesis, las ganancias para ellos, las pérdidas para los demás.
Son los oligarcas de siempre, que apoyaron esos 200 golpes de Estado y que ahora azuzan para que se cometa el número 201, en contra de un gobierno democrático. Como recién lo denunció el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, Bolivia se encuentra en el “umbral de un verdadero golpe de Estado contra el orden constitucional, y en estas circunstancias la estrategia ya no es frenar el referéndum revocatorio, sino derrocar al presidente de la república y desplomar el orden democrático. Los sucesos de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija, con el uso de recursos de las prefecturas para movilizar a grupos de personas que protagonizan hechos de violencia, constituyen el preludio del golpe; es lo mismo que ocurría en los golpes de Estado de los años 80. Este es un montaje de golpe de Estado al típico estilo de las dictaduras. Para cualquier ciudadano de cualquier otro país donde se vive en democracia, lo que hoy día están haciendo los prefectos no es nada más que un acto de sedición, de desacato, de organización de fuerzas ilegales, paramilitares, para atentar contra todas las libertades públicas”.
El propio Quintana fue víctima de un atentado el pasado martes, ante lo que declaró que “la organización de grupos facciosos, violentos, desde las propias prefecturas, pagados con la plata del pueblo no es nada más que eso, un verdadero golpe al orden constitucional. La irradiación de este modelo de violencia llevado adelante por la Unión Juvenil Cruceñista al resto de los departamentos, la forma como las prefecturas emplean los recursos públicos para impedir que la gente vaya a las urnas el 10 de agosto, la forma como financian a organizaciones sociales como el caso de los discapacitados, de los mineros en algún caso, de los transportistas, es un verdadero complot no sólo contra el gobierno, sino contra la Constitución Política del Estado, y el objetivo de todo esto es derrocar, sacar al Presidente Evo Morales del gobierno nacional. A los prefectos no les sale nada, a pesar de que plantearon ellos mismos el referéndum revocatorio. Hoy están ante un escenario de derrota anticipada, de una derrota abrumadora, frente a ello no atinan a usar a emplear otra herramienta más que la violencia, la intimidación, el chantaje, el silenciamiento de la opinión pública”.
Las rebanadas del pastel
Celebremos el aniversario 183 de la independencia boliviana, y rechacemos la execrable intentona oligarca de concretar el golpe número 201.
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